El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado este sábado que van a exigir responsabilidades patrimoniales y políticas a la alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo, tras su decisión por Decreto de cerrar el Centro Comercial del Edificio Municipal El Galeón.
Según Hernández Cansino, este edificio municipal inaugurado en junio de 2013 “ha pasado en sólo tres años de ser la panacea de la creación de empleo según decía el anterior alcalde el día de su inauguración, al fracaso absoluto destructor de empleo y de negocios a los que obligan a marcharse de allí para reubicar instalaciones municipales”.
José Carlos Hernández ha calificado la construcción de este edificio y el destino dado al mismo como “el mayor error político de la historia de Punta Umbría que ya nos ha costado mas de 6 millones de euros que pagamos con las subidas de IBI”.
El Portavoz municipal de Unidos por Punta Umbría, ha recordado que el equipo de gobierno pidió en 2009 una préstamo de 10 millones de euros par entre otras inversiones, construir este edificio y para la autorización del citado crédito ofreció como garantía la revisión catastral que conllevó la subida del IBI y otros impuestos de los últimos años. “Ellos se equivocan y el error lo pagamos todos con el IBI más alto de la provincia de Huelva” lamentó Cansino.
Por otra parte también recordó que en el proyecto inicial se contemplaba la instalación de la Jefatura de Policía Local en el citado edificio. “Sin embargo el equipo de gobierno decidió modificarlo, hacer allí otro mercado municipal y hacer la Jefatura en otro sitio. Pero la realidad es que ésta nunca se construyó y encima perdimos una subvención de más de 1 millón de euros para su construcción que ya estamos devolviendo” explicó el edil de UPU, y añadió que “también podríamos perder otra subvención de fondos europeos a través del Consejo de Cámaras de Comercio de España que se concedió para la puesta en marcha del centro comercial”.
Hernández Cansino criticó también “las formas y falta de consideración” que ha tenido la alcaldesa con los comerciantes a los que “ahora les obliga a irse y a cerrar su negocio que con tanto esfuerzo han mantenido estos años” así como que haya permitido nuevas adjudicaciones en el último año “cuando ya planeaba el cierre del centro comercial”.
El presidente de UPU explicó que las obras que habrá que realizar para adaptar el edificio a oficinas municipales así como el coste de las indemnizaciones a pagar a los comerciantes van a salir de la venta de locales municipales. “Seguiremos pagando este gran error a costa del patrimonio municipal”.
Por último explicó que “la causa de utilidad pública e interés general” para el cierre del centro comercial y convertirlo en oficinas municipales no está motivada ni justificada y anuncia que exigirán a la alcaldesa en el próximo pleno responsabilidades patrimoniales y políticas para que “sus errores políticos los pague ella y no los ciudadanos” concluyó Hernández Cansino.
