El parlamentario  de Ciudadanos por Huelva, Julio Díaz plantea la necesidad de pedir a la Diputación de Huelva que justifique con un informe “su inexplicable actuación”, tras la no inclusión en el orden del día del próximo pleno de la moción presentada por su grupo en relación a la mejora de las condiciones para el desempeño de las funciones que le son propias a los profesionales del Consorcio provincial de Bomberos.

Díaz cree que “es obvio que los de Caraballo han tumbado la moción porque no tienen ningún interés en poner encima de la mesa este asunto”. “Esto demuestra el oscurantismo, la opacidad y la nula capacidad de autocrítica que tienen algunos en la Diputación de Huelva, así como la necesidad de pinchar la burbuja política reorientando los recursos humanos, económicos y materiales hacia donde realmente se necesitan”, ha añadido el portavoz de la formación naranja que se reunió personalmente con el Consorcio de Bomberos para conocer de primera mano sus demandas entre las que está la necesidad de crear una ley autonómica que regule su sector de forma específica.

Para Díaz “es obvio que existe falta de medios materiales y humanos, así como necesidades de definición de los protocolos de actuación o formación, a la vez que se hace evidente realizar una evaluación del desempeño para optimizar recursos humanos y económicos y no se hace por qué no hay voluntad política para ello siendo además un problema que se nos está dando en toda Andalucía”, recordando así lo manifestado por el Consocio de Bomberos del Aljarafe o el Consorcio de Bomberos de Córdoba. “Además no puede ser que ahora mismo cuando hay un aviso el parque de Bomberos tenga que cerrarse y no se pueda atender una segunda salida” ha señalado el diputado autonómico.

La comisión informativa de la Diputación de Huelva ha retirado la moción de Ciudadanos del orden del día del pleno de mañana, argumentado la necesidad de que fuese registrado en el propio Consorcio al tener éste personalidad jurídica propia. Para Julio Díaz “supone tanto como decir que en el Parlamento de Andalucía no se pudiese fiscalizar ni impulsar ninguna iniciativa relativa a la administración instrumental, por lo que el argumento carece de sentido más allá de una decisión política arbitraria”.