En declaraciones a Europa Press, el letrado de 66 de los 80 afectados, Marcos Carrero, ha señalado que, entre otros, los motivos de este recurso se centrarán principalmente en «la discriminación ideológica, de lo que la sentencia apenas hace mención, cuando está probado que los despedidos son pertenecientes al PSOE y PA –los partidos que gobernaban en la anterior legislatura–, y los que continúan en el Ayuntamiento son afines al equipo de gobierno actual».

A su vez, ha indicado que «no han sido expuestos los motivos por los que han sido despedidos cada uno de estos trabajadores, es decir, los criterios de selección no han existido», por lo que remarca que «la sentencia se basa en otras del Tribunal Supremo pero espiguea los argumentos», y por esta causa también van a recurrir este fallo.

Por otro lado, estaba previsto que el lunes arrancaran los primeros juicios individuales por estos hechos, pero van a aplazarse hasta que la sentencia de la denuncia colectiva sea firme.

Precisamente en esta sentencia, el juez ha desestimado la demanda interpuesta por la representación legal del sindicato Unión Sindical Obrera (USO), tanto contra el Ayuntamiento como contra la Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla, que gestiona Isla Cristina con Lepe, y declara el despido colectivo «ajustado a derecho».

La vista para esta demanda colectiva, que fue interpuesta por el sindicato USO, se celebró el pasado mes de junio con la presencia de gran parte de los 80 trabajadores afectados y muchos de los familiares, por lo que incluso se fletó un autobús para acudir a Sevilla.

En la sentencia, el juez hace referencia a otras del Tribunal Supremo (TS) y entiende que, en determinadas circunstancias, se cumplen los requisitos exigibles para proceder al ERE al tener problemas económicos el Ayuntamiento isleño.

Desde el equipo de gobierno siempre han argumentado que esta medida se aplicaba «debido a la mala gestión» del equipo de gobierno anterior (PSOE-PA), que dejó al Consistorio en «una situación grave con una deuda de 40 millones».