En la resolución emitida por la AEPD, a la que ha tenido acceso Europa Press, se advierte de que la falta cometida por Instituciones Penitenciarias está «tipificada como grave», aunque desde el organismo mantienen la consideración de que se trata de «un hecho puntual, de escasa entidad y con gran antigüedad de la documentación recuperada» por lo que no se considera necesario requerir a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que adopte nuevas medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción.

La investigación se remonta al 9 de febrero de 2016 cuando se iniciaron actuaciones «de oficio» por la existencia de cientos de documentos conteniendo datos personales de reclusos, que se encontraban esparcidos por el suelo del antiguo centro penitenciario de la barriada de Isla Chica.

Fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos han confirmado a Europa Press que, cuando el infractor es una administración pública, como es el caso, «no se impone sanción económica alguna, sino que se obliga a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir», aunque, dada la peculiaridad del caso, la propia resolución advierte que no se realizará esta petición. A efectos prácticos, la sanción impuesta a instituciones penitenciarias no tendrá ninguna consecuencia.

Contra la resolución «que pone fin a la vía administrativa» se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma, o directamente se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO APUNTA A QUE TODAVÍA ESTÁ EN TRÁMITE

El subdelegado del Gobierno en Funciones, Manuel Iglesias, ha señalado este miércoles en declaraciones a los periodistas que «se trata de un procedimiento que está en trámite y que no ha finalizado, por lo que habrá que estar a la espera de que concluya el procedimiento administrativo para ver en qué queda el mismo y si hay sanción o no».

Iglesias ha querido destacar respecto a este asunto que la Subdelegación del Gobierno «en el momento en el que tuvo conocimiento de que existían documentos abandonados se realizaron actuaciones y se retiraron inmediatamente».

Del mismo modo, el subdelegado del Gobierno en funciones ha señalado que existe una sentencia del año 2015 en el que se ha condenado al Ayuntamiento de Huelva por incumplimiento de convenio de uso de edificio por lo que actualmente la antigua cárcel de Isla Chica, pertenece a la Sociedad de Infraestructuras Y Equipamientos Penitenciarios (SEIP).

CRÍTICAS DEL SINDICATO ACAIP POR EL ESTADO DEL EDIFICIO

En relación a este tema el sindicato Acaip –Agrupación de Cuerpos de Instituciones Penitenciarias–, mayoritario en el ámbito de prisiones y en el Centro penitenciario de Huelva ha mostrado su «repulsa y malestar» por la ceremonia «de pasarse la pelota unas administraciones públicas a otras» sin que se le dé solución ni utilidad alguna a un espacio tan céntrico de la ciudad de Huelva.

Desde Acaip han criticado que no se frene el paulatino deterioro de un espacio «público» donde estuvo confinado el poeta Miguel Hernández y donde «tantas personas sufrieron represión por su condición sexual»; todo ello a pesar de haberse puesto una placa conmemorativa alusiva esta circunstancia por parte de la máxima autoridad de prisiones, o de haberse rodado escenas de la película ‘La voz dormida’ del director Benito Zambrano. El edificio, han recordado desde Acaip, fue declarado lugar Memoria histórica en año 2013.

Desde el sindicato han querido denunciar la falta de implicación por parte de las autoridades competentes por «haber permitido con su dejadez y desidia que se deteriore este espacio público, más preocupadas por sus disputas políticas que por dar una solución al caso».

Según han señalado desde el sindicato penitenciario, esa política de «mirar para otro lado» ha costado a la ciudad de Huelva renunciar a un espacio céntrico durante todos estos años ante la «inoperante e infructuosa falta de acuerdo entre las partes».