La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha respaldado este miércoles la proposición no de ley registrada por Izquierda Unida y defendida por su diputada andaluza, Eva García Sempere, que insta al Gobierno en funciones a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural que se ha comenzado a ejecutar en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
La propuesta, que cosechó 22 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención, contó con el apoyo del PSOE, Ciudadanos, ERC y el Grupo Mixto, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.
La parlamentaria de IU por Málaga, Eva García Sempere, denunció durante su intervención la intención del Gobierno ‘popular’ de convertir Doñana en “una verdadera bombona de gas” y dejar su futuro “más que comprometido” con este proyecto. Expuso que de ejecutarse en su totalidad el proyecto industrial afectaría a dos zonas muy sensibles en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.
Advirtió que Gas Natural, con el respaldo del Gobierno central, dividió en cuatro partes este proyecto -“lo cuarteó en cuatro subproyectos”, explicó gráficamente- para impedir que se pudieran realizar los pertinentes estudios de impacto medioambiental sobre Doñana de manera global y poder así tener constancia directa y efectiva “de sus impactos directos, indirectos y acumulativos”.
García Sempere advirtió de que con esta actuación el Ejecutivo pudo aprobar el proyecto “por la puerta de atrás”,
sin aceptar las peticiones de informes geológicos que habían solicitado distintas asociaciones ecologistas opuestas al mismo. La diputada de IU reconoció “sentir tristeza y rabia” por tener que defender esta iniciativa y que quedara de manifiesto que “no han sido suficientes 30 años de extracción de gas del subsuelo de Doñana, sino que ahora además lo quieren convertir en una verdadera bombona” a partir del “modelo caduco y depredador” que persigue Gas Natural.
Recordó que con Doñana y su entorno “estamos ante uno de los mayores referentes mundiales por sus valores
ecológicos, porque acumula todas las medidas de protección posibles” y, sin embargo, “nada parece impedir que quede a salvo de los intereses especulativos”.
PARTIDO SOCIALISTA
La diputada socialista por Huelva Pepa González Bayo, por su parte, ha defendido la postura del grupo socialista en el Congreso sobre el proyecto de extracción y almacenamiento de gas que la empresa Gas Natural ha iniciado en el entorno de Doñana. La Proposición No de Ley pide al Ejecutivo de Rajoy que paralice de manera inmediata las obras del primero de los cuatro subproyectos en que el Gobierno permitió que se dividiera el proyecto. Los grupos que han votado a favor quieren que se realice una evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial en su conjunto y no dividido, ya que dos de ellos están diseñados dentro del espacio natural de Doñana.
El debate ha tenido lugar esta mañana del miércoles en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso. Allí, Pepa González Bayo ha dejado clara la postura del PSOE ante este asunto, postura que ha sido defendida desde la Junta de Andalucía en boca de su consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, contraria a cualquier proyecto que pueda suponer una amenaza para este enclave único. Postura refrendada hoy por la presidenta, Susana Díaz, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, donde ha dicho que “no vamos a aceptar ningún subterfugio legal que ponga en peligro Doñana ni autorice actividades nocivas”.
Así, Pepa González Bayo ha dicho que los efectos ambientales tienen que abordarse en el conjunto del proyecto, como ha dicho la Junta y también la Unión Europea; y no por separado, de modo que se ha mostrado a favor de que se paralicen las obras hasta que esta evaluación se haga de manera adecuada.
En esta misma línea se pronunció hace unos días el Parlamento de Andalucía, donde se debatió otra iniciativa también del grupo Podemos que pedía lo mismo, la paralización cautelar de las obras del primero de los cuatro subproyectos que la empresa Gas Natural ha iniciado en el entorno de Doñana, el llamado Marismas Occidental, sobre extracción y almacenamiento de gas. Esa PNL se aprobó con la enmienda del PSOE “para que se estudien con lupa todas las vías legales que nos permitan garantizar la paralización de forma legal, ajustándonos escrupulosamente a la Ley”. Pepa González Bayo destaca este aspecto, porque “tenemos que impedir que la multinacional pueda acogerse a cualquier resquicio que le permita reclamar una indemnización por los posibles perjuicios que pudiera ocasionarle si se decretara la paralización del proyecto; o la nulidad de las acciones, lo que le permitiría tener vía libre sin necesidad de contar con más autorizaciones”.
OBRAS EL FRESNO Y PEDRO ARCO
Por otra parte, la diputada nacional por el PSOE de Huelva en el Congreso de los Diputados, Pepa González Bayo, ha mostrado su satisfacción tras salir adelante una iniciativa socialista en la Comisión de Agricultura para exigir el Gobierno la eliminación del importe de la liquidación adicional extemporánea que se le solicita a las comunidades de regantes de El Fresno y Pedro Arco por las obras de modernización de los regadíos. La Proposición no de Ley (PNL) ha contado con el apoyo de Podemos y Ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular.
Del mismo modo, Pepa González Bayo señaló que se pide al Gobierno central que explique a través de un estudio la razón por la que se reclama 1,7 millones de euros a El Fresno y 500.000 euros a Pedro Arco, ya que “no se ajusta a las condiciones firmadas en el convenio de colaboración entre Pedro Arco, El Fresno y SEISA, Empresa Pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.
Según la diputada socialista, “dicha iniciativa responde a una liquidación adicional extemporánea que no estaba contemplada en el convenio, que supone un incremento del 33% del importe previsto inicialmente, y se emite sin que se haya producido ningún cambio en la normativa comunitaria con posterioridad a los convenios firmados”. Además, “ambas comunidades han cumplido los criterios marcados, abonando en tiempo y forma la parte convenida para las obras llevadas a cabo y finalizadas durante el año 2015”.
Por último, Pepa González Bayo dejó patente que el pasado mes de septiembre el Grupo Socialista elevó una pregunta al Congreso de los Diputados para conocer si el Gobierno en funciones del PP estaba respetando las condiciones firmadas en el convenio pero no obtuvo ninguna respuesta.
