Más de un centenar de trabajadores se han concentrado este martes para mostrar su rechazo contra el despido de Damián García, despedido por la empresa UCS, que se dedica al mantenimiento de instalaciones submarinas. Un despido, que según afirma el propio trabajador, se ha llevado a cabo por «la incesante labor sindical» que desarrollaba en su centro de trabajo.
A la citada concentración han acudido, entre otros representantes, el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, y el coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, los cuales han mostrado su apoyo y han pedido su readmisión, ha informado el sindicato en una nota.
La concentración se ha producido en las puertas de la Refinería de Cepsa ‘La Rábida’, en Huelva, al tener subcontratada a la empresa donde trabajaba el despedido para trabajos de mantenimiento de las instalaciones submarinas y control de la seguridad en las descargas de crudo. Sin embargo, al respecto, Cepsa ha declinado manifestarse al considerar que «no se puede inmiscuir en las actuaciones de una empresa que les presta un servicio», como es el caso de UCS, según han informado a Europa Press desde la propia compañía.
No obstante, el secretario general de CCOO-A ha afirmado que «en España hay una legislación que se incumple y un gobierno que permite los incumplimientos y el desmantelamiento de la Inspección de Trabajo impidiendo una ágil intervención en las empresas que incumplen la normativa», indicando además que «hay una empresa principal, que es Cepsa, que permite que en su entorno y en sus contrataciones se actúe de forma negligente».
En este sentido, Carbonero ha instado a Cepsa a que obligue a UCS a readmitir a Damián García y a que «corrija todas las deficiencias que tiene ajustándose a la normativa ya que en caso de no hacerlo», ha continuado Carbonero, «la compañía debería rescindir el contrato con UCS y asumir a la plantilla de buzos para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos».
Finalmente, Carbonero ha anunciado que «el caso de Damián es el inicio de una campaña de solidaridad que CCOO va a extender a todo el territorio andaluz con cada uno de los trabajadores que sean despedidos como consecuencia de defender la salud, las condiciones laborales y los derechos en el trabajo», indicando además que no van a permitir despidos para «reprimir la acción de los delegados sindicales».
Por su parte, el trabajador despedido ha manifestado que «la empresa no quiere entender que los trabajadores no estamos dispuestos a trabajar a cualquier precio y menos a costa de nuestra seguridad en el trabajo», y ha relatado que, «durante el último año, la persecución y el acoso por parte de la empresa, no solo contra mí, sino contra el resto de compañeros ha sido incesante, simplemente porque no estamos dispuestos ha trabajar en una merma de condiciones de seguridad laboral, de higiene y de salud en el trabajo».
«La empresa nos obliga a llevarnos a casa la ropa llena de crudo, de benceno, de fenol para lavarla con la ropa de nuestras familias, a sabiendas de que son sustancias cancerígenas», una circunstancia que compara con lo que «ocurría hace 40 años con los trabajadores del amianto y que hoy sabemos que consecuencias ha tenido».
VALORACIÓN POLÍTICA
Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha considerado que Damián García ha sido despedido de manera «improcedente e injusta como represalia por su trabajo sindical», indicando además que «USC despide a Damián porque quiere perseguir a sindicalistas, pero lo hace gracias a un marco laboral endemoniado que deja a los trabajadores sin defensa», ha informado el partido en un comunicado.
Maíllo ha expresado que «IU va a luchar por su readmisión, al igual que la de otros compañeros también despedidos por su acción sindical mediante diferentes subterfugios», ya que «en Andalucía hay muchos Damián García». Para el coordinador de IU Andalucía «éste es el verdadero estado de la comunidad, no la política de corte de la presienta de la Junta, Susana Díaz, sino el sufrimiento de miles de trabajadores andaluces con miedo a perder su empleo».
En este caso concreto, explica Maíllo, «la situación es muy grave porque se trata de un cuerpo, como el de especialista de buzos, con alta sensibilidad por la seguridad en el trabajo, tanto la de los propios profesionales como la de la zona en el que se encuentra la empresa».
Desde IU, afirma Maíllo, se advierte a las empresas que «no vale la arbitrariedad por mucho que lo avale la actual reforma laboral», defendiendo que «causas como ésta demuestran que tenemos y podemos derogar la reforma laboral porque hay aritmética parlamentaria para ello» y que esto depende del PSOE, salvo que «apoye al PP y dificulte su derogación «, critica Maíllo.
A su vez, el grupo municipal de IU Huelva ha registrado para debatir en el próximo pleno una moción para solidarizarse con Damián García y exigir su readmisión.
LA EMPRESA
Por su parte, la empresa Underwater Contractors Spain (UCS), dedicada al mantenimiento de instalaciones submarinas y al salvamento, rescate y recuperación de buques con buceadores profesionales, achaca el despido de Damián García a motivos «disciplinarios». Todo ello después de que este trabajador haya protagonizado este martes una concentración, acompañado por el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, y por el coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, al considerar que ha sido despedido por «la incesante labor sindical» que desarrollaba en su centro de trabajo.
Desde la citada empresa han informado a Europa Press de que la misma ha procedido a «su despido disciplinario» después de que este hombre comenzara «una campaña de desprestigio contra la empresa denunciando unas inexistentes deficiencias en materia de seguridad ante la opinión publica y acudiendo a la prensa en reiteradas ocasiones».
Desde UCS han informado sobre su trayectoria laboral en la misma y recuerdan que Damián García comenzó a trabajar en la compañía en dos periodos, concretamente desde el 9 de julio de 2012 hasta el 18 de agosto y desde el 5 de septiembre de 2012 hasta el 14 de octubre de ese mismo año, en la construcción en el puerto de Tánger.
No obstante, en diciembre de ese año, a UCS le es otorgado el contrato de mantenimiento de la monoboya de la Refinería Cepsa ‘La Rábida’, a donde se les tralada, debido a que es su ciudad de domicilio, y tras solicitarlo él mismo.
Para dicho trabajo, remarcan desde la empresa, «se le explicaron las condiciones salariales y de trabajo entre las que se encuentra la movilidad geográfica, es decir la posibilidad de traslado a otro centro de trabajo o instalación en cualquier localización, condiciones que él confirma y acepta en el momento de la firma del contrato».
En Huelva, Damián García comienza a trabajar en enero a mayo de 2013 y posteriormente desde junio de ese mismo año hasta diciembre de 2014, que es cuando se procede a aplicarle un despido disciplinario, sin embargo es readmitido, señalan desde la empresa, porque «Damián García pidió una reunión para informar de su arrepentimiento de los daños que estaba ocasionando a UCS».
No obstante, el pasado mes de julio la empresa decidió, por razones operativas y conforme a dicha clausula de movilidad geográfica, trasladar a ese trabajador al centro de Algeciras (Cádiz) y, a raíz de esto, «en primer lugar se da de baja médica para evitar el traslado e, inmediatamente, comienza la citada campaña de desprestigio».
Todo ello, insisten, para crear «una alerta falsa sobre un posible accidente de trabajo en la monoboya de Cepsa y con la finalidad directa y exclusiva de perjudicar el buen nombre de la empresa ante la opinión pública y de la propia Cepsa, a la que llega a exigir medidas concretas contra UCS».
«GRAVE INCUMPLIMIENTO LABORAL»
Así, a raíz de estos hechos, que la empresa ha entendido que constituyen «un grave incumplimiento laboral por cuanto supone una deslealtad con la empresa e intento de causarle un daño debido a razones exclusivamente personales, un daño injusto y desproporcionado, ésta decide proceder a su despido disciplinario».
Desde UCS aseguran que por estos hechos, el resto de la plantilla, conformada por unas 50 personas, «está sometida a un estrés mental importante al ver cómo una persona, por motivos personales, daña de tal forma sus nombres y de la empresa de cara a los clientes».
«Estas 50 familias, que somos los que formamos la plantilla de UCS, nos sentimos dañados por Damián García, ya que, en ningún momento, ha mirado por el daño que nos está ocasionando al resto de trabajadores que llevamos en esta empresa desde el 2007, con todas las condiciones que marca la ley», aseguran desde la compañía.