CCOO ha denunciado que “la Consejería de Educación inició en 2006 una carrera en privatización de servicios educativos que se ha materializado cubriendo las necesidades de personal complementario en los centros públicos con empresas privadas de servicios educativos que ahondan en una precaria situación de los trabajadores”.
Según CCOO, actualmente en Huelva, hay 973 trabajadores que prestan servicio a la Conserjería pero en régimen privatizado en centros públicos educativos. En esta categoría en Huelva ya se ha superado el empleo privatizado con respecto al propio personal de la Junta, siendo 98 frente a 79.
Marina Vega, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Huelva, ha manifestado que “no hay necesidad de subcontratar este servicio de monitores ya que en el VI Convenio de la Junta de Andalucía regula esta figura y máxime, teniendo en cuenta que esta subcontración supone aumentar el gasto publico, ya que la externalización de este servicio supone un mayor coste para la Junta”.
Vega, ha apuntado que “según la Ley de educación de Andalucía, la atención al alumnado con necesidades especiales no es un servicio complementario a la enseñanza, sino que forma parte intrínseca de ella como medio para la escolarización en condiciones de igualdad de este alumnado”. Por ello, es necesaria “la recuperación de estos servicios para ser desempeñados directamente por la Consejería de Educación, en primera instancia de aquellos que se llevan a cabo dentro del aula (alumnado con necesidades especiales), a la misma vez que se aporten soluciones laborales a los colectivos afectados. Existe una precarización de los trabajadores y trabajadoras de este colectivo, no solo en cuanto a los bajos salarios, sino también con respecto a sus condiciones laborales”. “Esta situación de bajos salarios siendo un colectivo prioritariamente femenino provoca en parte que Huelva tenga el triste récord de ser la provincia que peor paga a sus trabajadoras”.
CCOO ha denunciado que en Huelva, el numero de servicios prestado privatizados es de 380 por este orden; atención al alumnado con necesidades educativas especiales, aula matinal, comedor escolar, y limpieza. Desde el sindicato se ha exigido “la reversión a la gestión pública con soluciones laborales a todo el personal y mientras que esto no se lleve a cabo, empleo de calidad en los servicios educativos externalizados que pasa por imponer de forma fehaciente y que no quede en un titular de prensa, la inclusión de clausulas sociales en los pliegos de licitación”.
