La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa han condenado la agresión sufrida en los últimos días por un celador del centro sanitario de Los Rosales (Huelva) durante el desempeño de su labor y han mostrado su «más enérgica repulsa» a esta clase de actos.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación de Salud, la agresión, de carácter tanto físico como verbal que se produjo el pasado día 21 de diciembre, «fue un hecho completamente aislado e injustificado que se produjo dentro de la actividad ordinaria y de total normalidad asistencial que se estaba desarrollando en el centro de salud».
A este respecto, la administración autonómica ha incidido en que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, no puede justificarse bajo ningún concepto.
Así, nada más tenerse constancia de este suceso, el Distrito Huelva-Costa activó el protocolo diseñado por la Consejería de Salud ante este tipo de casos, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al personal afectado.
Esta actuación se enmarca en el ‘Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz’, puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2005 y que también contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan estas agresiones.
En este sentido, han recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión, a lo que han contribuido los encuentros entre los responsables de la Consejería de Salud y del ámbito judicial para promover esta tipificación.
El sistema sanitario público andaluz fue el primero en diseñar y aprobar un plan de este tipo, al objeto de articular acciones para evitar situaciones de conflicto, profundizando a la vez en las relaciones de respeto mutuo entre ciudadanos y profesionales.
El plan ha permitido a la vez dotar a los centros sanitarios de Huelva de una amplia batería de medidas de seguridad y protección –en concreto 1.756–, entre las que se incluyen vigilantes, timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales o salidas alternativas.
CSIF RECLAMA «MEDIDAS DE SEGURIDAD URGENTES»
Por otro lado, el sindicato CSIF ha denunciado la agresión sufrida por un trabajador de la sanidad mientras realizaba sus funciones en el centro de salud de Los Rosales de la capital onubense y ha reclamado «medidas de seguridad urgentes» para evitar las agresiones que se dan los centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía.
Según ha indicado el sindicato en una nota, en este caso, se trata de un trabajador de este centro, que responde a las iniciales J.C.D.V. y que ha sido agredido verbal y físicamente –con parte de lesiones–, en la tarde del día 21 de diciembre, cuando se encontraba realizando su jornada laboral.
Según han señalado desde el sindicato, el trabajador activó el protocolo de agresiones del SAS y llamó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes levantaron atestado de la agresión.
Desde CSIF han denunciado que «es lamentable que la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña no tome las medidas, para que estos hechos no tengan que ser noticia y se niegue a dotar al centro de un vigilante de seguridad por las horas que permanece abierto», como se viene pidiendo tanto desde la Junta de Personal como en reiteradas ocasiones por este sindicato.
En esta línea, cabe recordar a la Dirección Gerencia del Distrito Huelva-Costa y Condado-Campiña, «que tiene antecedentes de agresiones a trabajadores de su Distrito –centro de salud de Lepe– como para que se tome en serio de una vez por todas la vigilancia de los centro sanitarios en los que las agresiones, en cualquiera de sus formas». Desde CSIF han añadido que estas agresiones, «han pasado a ser aceptadas por los trabajadores como parte indeseada de su trabajo».
CSIF considera que la vigilancia de los centros de salud es necesaria como medida directa ante las agresiones al personal sanitario y de gestión, tanto por el bien y la seguridad de estos como por la de los usuarios y que «no se pueden excusar en la falta de presupuestos».
Según los datos que maneja esta central sindical, el año pasado se registraron en la provincia de Huelva cerca de un centenar de denuncias de agresión por parte de los profesionales, físicas y verbales, como gritos, amenazas o insultos.
Esta cifra, a juicio del responsable provincial de Sanidad del CSIF, Cesar Cercadillo, no sólo es «alarmante» sino que son el reflejo «del verdadero problema de falta de personal y de recursos en la sanidad pública, que demora aún más las citas, alarga las listas de espera y reduce el tiempo de atención al paciente que, en ocasiones, se deja llevar por la desesperación y proyecta su frustración en los trabajadores, que son los que los atienden y dan la cara».
