El grupo provincial de Ciudadanos en la Diputación de Huelva propondrá en el pleno del mes de febrero, que se celebra este miércoles, una serie de mociones relacionadas con la lucha contra la procesionaria y las ayudas al sector de la chirla.
Así, la formación naranja propondrá que el Servicio de Control de Mosquitos (SCM), «que tan magnífico trabajo realiza frente a las plagas de mosquitos, intervenga también en la lucha contra la procesionaria del pino que afecta a gran parte de la provincia de Huelva».
Al respecto, el portavoz de la formación naranja, Ruperto Gallardo, ha recordado que «el año pasado algunos ayuntamientos, como Ayamonte, Punta Umbria, Cartaya o Hinojos, se quejaron de que esta plaga afectó incluso a seres humanos y animales de compañía, a los que en algunos casos llego a producir la muerte».
Junto a ello, C’s reclamará que la Junta de Andalucía estudie el estado de los caladeros en los que faenan los barcos onubenses y zonas de marisqueo y «valore la posibilidad de bajar el tamaño de captura de la chirla a 23 o 24 milímetros (mm)». En este sentido, Gallardo ha apuntado que «en Italia, la UE ha permitido llegar a los 22 mm», pero ha señalado que para las cofradías de pescadores de Huelva «no sería necesario bajarlo tanto».
«El sector de la chirla afecta a casi un centenar de barcos y casi 300 familias y pueden pasar casi ocho meses sin salir a faenar y sin recibir ayudas», ha manifestado Gallardo, por lo que pedirá en el ente provincial que de ese periodo, «al menos tres meses se permita bajar el tamaño de las capturas para que lo barcos onubenses puedan faenar en el Golfo de Cádiz».
Por último, el diputado de Ciudadanos presentará una moción, que se aprobó y se está aplicando en el Ayuntamiento de Huelva, destinada a «recaudar el 1,5 por ciento de la recaudación de las empresas eléctricas en concepto de uso del suelo entre los municipios, tal y como les corresponde por ley».
Al respecto el portavoz de la formación naranja ha reclamado que «la Diputación, a través de sus servicios jurídicos, explique a los municipios de la provincia los pasos a seguir para poder hacer efectiva esta tasa» y ha destacado que «las últimas sentencias del Supremo han legitimado las ordenanzas fiscales de varios ayuntamiento». El diputado ha concluido que «no se trata de gravar el suelo rústico, sino la utilidad que reporta a las empresas la utilización del suelo».
