La familia de acogida de la joven de origen saharaui Nadjiba Mohamed espera que las autoridades intervengan y «tomen cartas en el asunto» para que la joven pueda regresar a Rociana del Condado, donde llegó con ocho años en el 2000 y estuvo hasta 2013.
Esta familia, junto a otras dos, ha presentado ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU una denuncia por el caso de otras tantas jóvenes mayores de edad retenidas en los campamentos de Tinduf (Argelia) «en contra de su voluntad» por su familia biológica.
Con esta medida, pretenden poner de manifiesto «el incumplimiento» del Gobierno de Argelia y del Frente Polisario respecto a su obligación de proteger, salvaguardar y garantizar los derechos humanos de estas tres mujeres, que llevan retenidas «en contra de su voluntad entre tres y seis años».
En declaraciones a Europa Press, el padre de acogida de Nadjiba Mohamed, José María Contreras, ha explicado que, desde que en abril del año 2015 la joven les «pidiera ayuda», se han movilizado y acudido a todas las instancias posibles para solicitar el regreso de la joven.
De este modo, ante la falta de acción, a su juicio, de las mismas, Contreras ha explicado que las familias afectadas han decidido acudir al Alto Comisionado para que se garanticen los derechos de estas jóvenes.
Nahjiba, hija de una parlamentaria del Polisario, residía desde el año 2000 con José María Contreras y Manuela Calvo en Rociana del Condado. La chica, que llegó siendo una niña gracias al programa ‘Vacaciones en Paz’, «se quedó con el consentimiento de su familia biológica por sus problemas de movilidad en una pierna (le diagnosticaron pie equino y flexo de rodilla)», según ha señalado Contreras, que formalizó la acogida temporal bajo la autorización de la Delegación saharaui. Gracias a ello, la joven pudo ser operada en dos ocasiones de su minusvalía.
En esta misma línea, ha narrado que en todos los años que Nahjiba estuvo en Rociana del Condado su madre biológica la visitó, incidiendo en que todo se ha desarrollado con naturalidad hasta que en 2013 la joven se marcha y en 2015 «nos pide ayuda».
De este modo, ha reiterado que la joven vuelve a los campamentos y su familia biológica considera que debe quedarse allí para «recuperar su idioma y sus costumbres» después de tantos años en España.
Así las cosas, desde esa fecha no han vuelto a verla, aunque el contacto telefónico es habitual y en los mismos «nos dice que quiere venirse». «Quiere volver y hemos llegado hasta aquí porque todo lo anterior que hemos hecho y a todas las instituciones que hemos ido no han servido», ha remarcado el padre de acogida, que confía en que este trámite en la ONU permita que se movilice a las autoridades argelinas y del Frente Polisario para que pueda volver a Rociana del Condado.
La familia de José María Contreras forma parte de las tres familias
de acogida que han presentado denuncias ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Así, las denuncias han sido presentadas personalmente por las familias afectadas y dirigidas y canalizadas a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. Responden a los casos de Koria Badbad, Darya Embarek y Nahjiba Mohamed, según ha informado la familia de la joven Maloma Morales de Matos, otra chica saharaui retenida en los campamentos de Tinduf en contra de su voluntad.
Las cuatro jóvenes llegaron por vez primera a España siendo unas niñas, en el marco del programa ‘Vacaciones en Paz’ por el que miles de niños saharauis han veraneado en España, aunque muchos de ellos se han quedado más tiempo por expreso deseo de sus familias biológicas.
Maloma, Koria, Nahjiba y Darya tardaron años en conseguir un pasaporte argelino que les permitiera visitar a su familia en Tinduf y, al cumplir la mayoría de edad, en una de estas visitas ya nunca regresaron a España. En algunos casos, sus padres adoptivos siguen en contacto con ellas por teléfono pero en otros, como es el caso de Maloma y de Koria, no hay comunicación alguna.
ARGUMENTOS DE LA DENUNCIA
En las denuncias, se acusa al Frente Polisario y el Gobierno de Argelia de connivencia en la violación de los Derechos Humanos de las tres jóvenes saharauis, «especialmente aquellos que se les conculca y que están referidos al reconocimiento de la identidad jurídica, la libertad de movimiento y la capacidad de pensamiento, opinión, expresión y comunicación».
En un comunicado remitido por la familia de Maloma, los familiares cargan contra el Frente Polisario por defender insistentemente que las jóvenes afectadas no han denunciado a sus familias biológicas, cuando han sido reiteradas las ocasiones en que lo han hecho, y su argumentación de que se trata de casos aislados o problemas familiares cuando en realidad es «un problema de Derechos y político de primer orden».
