La familia de las víctimas del doble crimen de Almonte, en el que en abril de 2013 murieron una menor de ocho años y su padre, motivo por el que F.J.M. se encuentra en prisión como presunto autor, han solicitado al Ministerio Fiscal que actúe de oficio y abra una investigación sobre «la filtración» de las escuchas telefónicas entre la madre y expareja de los fallecidos y su abogada y su psicóloga, que fueron grabadas.
«Ante las constantes manipulaciones por parte de la defensa ejercida por el presunto autor de los hechos e indicios que lo mantienen en prisión, nos vemos en la obligación de instar a la Justicia a que tome cartas en el asunto y proceda a la investigación de la filtración a la prensa de las escuchas telefónicas que nada aportan al esclarecimiento de los sucesos», ha asegurado en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press el hermano y los padres del adulto fallecido, que, son, además, tío y abuelos de la pequeña.
A su juicio, esta filtración «solo obedece a una maniobra mezquina por parte de quien se ha alejado siempre de la búsqueda de la verdad y se ha ajustado exclusivamente a una defensa numantina de lo indefendible, lo que evidencia bastante la carencia del rigor profesional que un caso de esta gravedad requiere».
El auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 9 de febrero de 2017, mediante el que ha dictó sentencia firme de anulación de las escuchas telefónicas, hace referencia «al propio énfasis puesto por el letrado de la defensa y que dicho interés carece de valor informativo o probatorio directo sobre los hechos investigados».
Siguiendo con la línea expuesta por el TSJA, la sentencia sostiene que «por lo que se refiere a la conversación de la afectada con su letrada, las razones de la exclusión son aún más poderosas su conocimiento por el órgano de enjuiciamiento afectaría no sólo al derecho a la intimidad, sino además al derecho a la tutela judicial efectiva».
Tras insistir en que la familia ha mostrado «un absoluto respeto» a la labor desarrollada por el estamento judicial y policial, señalan que en este caso se ven obligados a «alzar la voz para decir basta ya de quien ha usado las artimañas y la ocultación para querer una vez más confundir a la opinión pública, ya que su juego no es limpio», sino «el de enfangar con tretas y elucubraciones en el escenario mediático lo que no puede alcanzar en el ámbito judicial».
A su vez, remarcan que, según reza en un documento certificado y firmado por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado con fecha de 21 de enero de 2016, «se señala que la única parte personada en la causa que solicitó copia de las grabaciones fue la defensa, ejercida por el abogado Juan Ángel Rivera Zarandieta».
Por todo, piden que se depuren responsabilidades mediante la apertura de una investigación para determinar quien ha llevado a cabo la filtración de las escuchas telefónicas en función de los datos existentes, al considerar que «ello constituye un atentado de máxima gravedad en el ámbito del secreto de las comunicaciones y atenta delicada y arduamente contra la intimidad de las personas».
