Cáritas Diocesana de Huelva atiende a los afectados en el incendio que se produjo este martes en un asentamiento situado en las inmediaciones del cementerio de Lepe. Ante esto, la organización católica ha recordado que desde 2015 se han producido ocho incendios de diversa consideración en los asentamientos chabolistas de Huelva.

En una nota de prensa, Cáritas ha señalado que por este último incendio se han visto afectadas «alrededor de 180 chabolas y un total de 150 personas». Así, durante las horas posteriores al incendio, técnicos de Cáritas Diocesana de Huelva y voluntarios de Cáritas Parroquial de Lepe se desplazaron al asentamiento para atender a las personas damnificadas y poder ofrecer una primera ayuda de emergencia.

Durante la mañana de este miércoles, Cáritas Diocesana de Huelva ha facilitado a las 150 personas afectadas ropa, zapatos, mantas y productos de primera necesidad, a fin de ayudar a estas personas en un momento tan duro.

El incendio se produjo por la mañana, por lo que afortunadamente no hay que lamentar víctimas porque la mayor parte de las personas que viven en ese asentamiento estaban trabajando en ese momento.

Para Cáritas, «es lastimoso que la campaña de la fresa no esté preparada para asumir el alojamiento de los miles de temporeros que año tras año se desplazan a los municipios freseros de Huelva a la búsqueda de un puesto de trabajo, viéndose obligados a vivir en condiciones infrahumanas».

Esta situación «no es nueva» porque en los últimos años son numerosos los incendios que se producen en los asentamientos chabolistas de la provincia y ante esta situación Cáritas Diocesana de Huelva ha pedido que
cada una de las administraciones afronte su parte de responsabilidad en esta realidad, así como una mayor implicación de las administraciones competentes para buscar una solución real a este problema.

Además, solicita la creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los propios afectados busquen y aporten «todo lo posible en la solución de este problema humanitario».

En esta misma línea, demanda la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los trabajadores temporeros «no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios». Además, que estos servicios se vean ampliados con aquellos otros que complementen las necesidades de atención social, de salud, educación de las personas que se desplazan a la provincia a trabajar –desde duchas hasta ampliación en la dotación sanitaria–.

La puesta en marcha programas de ayuda y mediación al alquiler de viviendas que ofrezcan una alternativa a las chabolas es otra de las reivindicaciones de Cáritas, que considera que «como sociedad, no nos debemos acostumbrar a que hechos tan lamentables y que inciden directamente en la vulneración de derechos humanos queden en el olvido en unas ocasiones o en la ‘trivialización’ de la pobreza, en otros».

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS
Por su parte, la Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha criticado que se haya producido «el octavo incendio en dos años» en asentamientos.

Además, según ha informado la entidad social en una nota de prensa, Apdha-Huelva «hay que agradecer que haya ocurrido en este asentamiento y no en el de Lucena del Puerto, por ejemplo, donde viven niños que a esa hora no estarían trabajando».

Desde la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos se preguntan si el sector empresarial «no tiene ninguna responsabilidad» y el por qué se sigue apostando por la «contratación en origen como única manera ideal de ofrecer empleo agrícola» y no se genera entre todos los estamentos implicados un «plan de inserción laboral real e integral con estas personas».

En este octavo incendio, han recordado que el Ayuntamiento, por su parte, abre el polideportivo para pernoctar unos días, pero «no hay que olvidar que el albergue de Lepe, por circunstancias que se alejan mucho de las necesidades de la campaña, continúa cerrado y sin expectativas de abrirse».

La entidad espera que la ‘Agenda 2020’ para la erradicación del chabolismo ofrezca «soluciones efectivas y duraderas» y no «medidas superficiales que palien la situación de manera transitoria».

La Apdha vuelve a reclamar derechos «para personas que trabajan, cotizan, que simplemente forman parte del entramado productivo agrícola de nuestra provincia».

«TODAS LAS ADMINISTRACIONES»
La implicación real de todas las administraciones –locales, provinciales, regionales y nacionales– para buscar «soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales», así como que Foro provincial de la Inmigración, con competencias en estas materias, «intervengan eficazmente, con actuaciones concretas, dotadas de presupuesto y evaluadas en su ejecución, como así existe en otras provincias andaluzas» son algunas de sus demandas.

La creación de un plan multidisciplinar que afronte esta grave situación debe ponerse en marcha por parte de las administraciones, y que debe incluir la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los trabajadores temporeros «no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos».

Garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven, tal y como establece la ley es otra de las demandas como la de crear un programa de integración con la población local que incida en la sensibilización y concienciación social.

Para Adpha, «sólo así se podrá evitar la exclusión y criminalización de la población inmigrante y los peligrosos conatos de racismo que se están produciendo. Y también con la población asentada, sensibilizando, mediando, trabajando con ellos otras opciones de vida fuera de la chabola».