La Diputación de Huelva y la Diputación de Badajoz, a través de sus Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria, han firmado un convenio de colaboración al objeto de ejecutar acciones de recaudación ejecutiva en las dos demarcaciones territoriales. Ambas provincias son limítrofes, lo que da una respuesta eficaz a la hora de ejecutar acciones administrativas de recaudación en ambos territorios dentro de un nuevo marco de interrelación entre Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria del territorio español.
El convenio, firmado por el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo así como por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, sienta sus bases en los principios de asistencia activa, colaboración y cooperación entre instituciones a la hora de trabajar conjuntamente con el objetivo de regular los actos de ejecución material de recaudación ejecutiva que se dispongan.
El presidente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Huelva, Antonio Beltrán, ha subrayado la eficacia y necesaria aplicación de este convenio de colaboración entre diputaciones que tienen el deber por ley de “velar porque todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y deberes también en cuanto a recaudaciones tributarias”.
Beltrán, ha recordado que estas acciones “nos permiten que cada contribuyente vea reflejados en los servicios públicos que prestamos las administraciones, sus esfuerzos a la hora de pagar tributos”. En este sentido, el responsable en Huelva del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria ha señalado que es necesario ir poniendo en marcha acciones “que no dejen margen a ninguna posibilidad de fraude por tener un domicilio fiscal en distinto lugar de donde reside”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha valorado positivamente la firma de este convenio “entre dos diputaciones limítrofes cuyo fin es el del interés general de los ciudadanos aplicando el principio de equidad”.
Respecto a ello, Gallardo ha indicado que los ciudadanos “entendemos que la recaudación es necesaria para poder mantener unos servicios públicos de calidad” subrayando que este convenio “garantiza las acciones para que desde la equidad evitemos cualquier fraude fiscal”.
