El presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha señalado este lunes que el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Romero, «debe dimitir» por «deslealtad institucional» hacia el alcalde de Calañas, el ‘popular’ Mario Peña, en el caso del vertido de la mina de La Zarza, ubicado en el término municipal de la citada localidad, ya que «el representante legítimo de los vecinos no ha tenido ningún conocimiento oficial de lo ocurrido».
En rueda de prensa, acompañado por el alcalde de la localidad, González, tras recordar que su partido ha registrado en el Parlamento andaluz una batería de iniciativas solicitando la comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, para que explique los daños y las consecuencias del vertido, ha precisado que es «el momento de pedir responsabilidades políticas».
González ha lamentado que el delegado de la Junta «no haya contactado en ningún momento con el alcalde», por tanto, a su juicio, «ha obviado los principios básicos de la democracia, la colaboración y la cooperación entre administraciones, ni tampoco ha dado explicaciones al respecto».
Por ello, cree que debe dimitir porque «no ha actuado bajo las premisas básicas que exige un Estado Democrático de Derecho», ya que «lo primero que debería haber hecho es levantar el teléfono o haber ido a la Alcaldía para ir de la mano con el alcalde en este asunto».
González ha dejado claro que el alcalde de Calañas «sigue sin tener conocimiento oficial por parte de la Junta de lo ocurrido con este vertido, que puede repercutir negativamente en la salud de las personas, un asunto que se puede calificar de grave», indicando además que «hay otros municipios que alcanza el río Odiel».
«La actuación del PSOE no nos coge de sorpresa», ha asegurado González, pero ha reconocido que es «la primera vez que ante un hecho tan grave el PSOE no lo comunica al representante legítimo de los vecinos, los daños que ha producido el vertido y qué va a hacer al respecto».
Por su parte, el alcalde de Calañas ha lamentado la situación y ha asegurado que le comunicó al propio delegado de la Junta que iba a presentar una queja formal ante las dos consejerías por lo ocurrido, a la par que ha lamentado «una importante carencia de medidas de seguridad en la zona por la confluencia de maquinaria pesada».
A su vez, ha asegurado que la Policía Local de Cañalas está ejercitando sus funciones en la zona, en coordinación con la Guardia Civil, mientras sigue a la espera de que «alguien se ponga en contacto con este alcalde para conocer los posibles daños».
La pasada semana «se hablaba de más de 650 millones de metros cúbicos vertidos» y, a pesar de los trabajos realizados por la Junta, «no quita que el daño ya esté hecho». Por tanto, considera «vergonzosa» la actuación por parte de los represetantes de la Junta que, a su juicio, «ha transguedido tanto la buena fe como la lealtad institucional y algún elemento legal más».
No obstante, espera que los daños medioambientales «sean los mínimos», aunque ha señalado que «el río Odiel no es un río excesivamente potable a su paso por Calañas pero el ecosistema se ha adaptado». El primer edil ha manifestado también que «el vertido se produce por falta de mantenimiento y, aunque una compañía es dueña de la mina y otra del terreno, las competencias de legislación ambiental y vigilancia son de la Junta», por tanto teme que «esto pueda ocurrir en otras instalaciones mineras en la misma situación».
