La operación de la Policía Nacional contra la falsificación de contratos de alquiler de viviendas, con el fin de lograr reagrupaciones familiares fraudulentas de ciudadanos extranjeros, sigue abierta y ya son 12 los detenidos, según ha informado la Cadena Ser en Huelva y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno.
El pasado mes de junio la Policía Nacional informaba de la detención de nueve personas en Huelva al desarticular una compleja organización criminal dedicada a la falsificación de contratos de alquiler de viviendas, con el objetivo de lograr reagrupaciones familiares fraudulentas de ciudadanos extranjeros y favorecer la inmigración ilegal en España.
La adquisición de los contratos falsificados estaba sometida a un pago, que debía abonar el solicitante al facilitador. Se da la circunstancia de que el principal responsable de la trama, A.E.E., de nacionalidad marroquí, se encuentra actualmente en prisión por otra causa diferente.
Según informaba la Comisaría Provincial en una nota de prensa, el fraude consistía en la presentación de contratos falsos de alquiler ante las administraciones de Punta Umbría para conseguir la tramitación de reagrupaciones familiares ilegalmente.
Las investigaciones se iniciaron cuando el Ayuntamiento y la Policía Local de Punta Umbría comprobaron que personas que solicitaban su inscripción en el padrón municipal no residían en los domicilios alegados, circunstancia que pusieron en conocimiento de la Oficina Única de Extranjería de Huelva, donde se tramita la documentación de los ciudadanos extranjeros de la provincia de Huelva.
La documentación obtenida tras las diversas gestiones, y su estudio y análisis, lograron la identificación de varios responsables de la red, habiendo sido detenidos hasta el momento, un total de nueve personas –siete marroquíes, un brasileño y un español–, al comprobarse que confeccionaban contratos de alquiler falsos, que presentaban ante las diferentes administraciones, para lograr de manera fraudulenta el empadronamiento.
El objetivo de los detenidos era simular que un ciudadano extranjero con permiso de residencia vivía en un determinado domicilio, con lo que podía instar y facilitar la llegada y establecimiento a España, de manera aparentemente legal, de sus familiares residentes en el extranjero, y solicitar para ellos los correspondientes permisos de residencia. Esta figura jurídica se conoce con el nombre de Reagrupación Familiar.
