En la provincia de Huelva el servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación atiende a más de 3.000 personas dependientes y da trabajo a unas 1.350 personas, siendo la mayoría de ellas mujeres. A estas cifras hay que sumar los servicios de Ayuda a Domicilio municipales que dependen de los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, como es el caso del de la capital. El próximo lunes, la Diputación volverá a adjudicar este servicio y ante ello, Izquierda Unida quiere que se forme una comisión de seguimiento de dicha adjudicación, compuesta por todos los grupos políticos, los sindicatos, los técnicos encargados del seguimiento de estos contratos y representantes de la Administración Andaluza. Esta iniciativa será defendida por IU en los próximos plenos ordinarios de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Huelva.
Según ha explicado este miércoles Pedro Jiménez, esta comisión debe encargarse de “garantizar que las condiciones laborales y la calidad del servicio no sufran recortes ni se vean menoscabadas, con lo que queremos que se defiendan los derechos tanto de las personas que tienen que recibir este servicio y de las trabajadoras que lo prestan a través de este instrumento que debe garantizar el control democrático de la prestación de la Ayuda a Domicilio”.
El servicio de Ayuda a Domicilio se presta por la Ley de Dependencia desde hace unos diez años. Sin embargo, el Gobierno del PP no cumple con el 50% de la parte de financiación que le corresponde, ya que sólo llega a cubrir el 18% de lo que debe aportar. De este modo, obliga a la Comunidades Autónomas a financiar el resto, por encima de lo que deben aportar.
“Los recortes y ajustes que llevamos sufriendo durante años alcanzan directamente a la Ayuda a Domicilio, provocando pérdidas de derechos laborales, bajadas de salarios y perjudicando la calidad del servicio”, expone Pedro Jiménez. Ante ello, Izquierda Unida pide que la prestación por adjudicación pública de la Ayuda a Domicilio disponga de este instrumento de control democrático para velar por su mejor prestación, en lo que afecta tanto al personal empleado como a las personas atendidas.
En este sentido, Izquierda Unida considera que la vigilancia sobre el buen funcionamiento del mismo no puede ni debe quedar supeditado a los controles rutinarios que el derecho administrativo y las leyes de contratación contemplan sino que “tenemos la obligación política y democrática de garantizar un idóneo funcionamiento del mismo porque estamos hablando del bienestar personal y la calidad de vida de miles de personas, dependientes, vulnerables, en la mayoría de los casos en el tramo final de su existencia, y que merecen una vida digna”, ha resaltado Pedro Jiménez.
