Las sustracciones en explotaciones agrarias y ganaderas se redujeron un 7,3 por ciento en la provincia de Huelva durante el primer semestre de este año, según se desprende de las estadísticas sobre evolución delincuencial que elabora periódicamente el Ministerio de Interior. Respecto al mismo periodo de 2013, año en el que se puso en marcha los Equipos ROCA de la Guardia Civil, los robos han descendido casi a la mitad, con una caída del 43,1%.

Así lo ha destacado hoy la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, en una reunión con representantes del sector agrícola onubense y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para impulsar medidas dirigidas a combatir la comercialización de productos agrarios procedentes de robos en el campo.

La subdelegada ha señalado que este nuevo descenso en el número de sustracciones en fincas de la provincia “constata una evolución positiva que es resultado del gran esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, para tratar de erradicar la delincuencia en el mundo rural y llevar la tranquilidad a los agricultores y ganaderos”.

“El descenso del 43,1% de robos en el campo desde 2013 es un dato que demuestra que la implantación de los equipos ROCA ha permitido mejorar la confianza y colaboración con los afectados, concienciar al sector de la importancia de denunciar y tratar de evitar que este tipo de delitos queden impunes”, ha enfatizado Grávalos.

En la provincia de Huelva hay desplegados tres equipos ROCA, cuyos integrantes cuentan con un alto grado de especialización y tienen como misión incrementar la seguridad de las explotaciones agrarias mediante una vigilancia permanente e investigar aquellas explotaciones en las que se ha producido un delito. Junto a la labor que desempeñan los equipos ROCA, Grávalos ha recordado el dispositivo especial de seguridad que se despliega cada año para la campaña agrícola.

Guía Conduce

En esta línea de colaboración con el sector, la subdelegada ha mantenido hoy una reunión con representantes del sector agrario y responsables de las FCSE para analizar las medidas contempladas en la instrucción sobre ‘Ordenación de Circulación, Recepción y Venta de productos en las campañas agrarias’ con la que, atendiendo a las necesidades y demandas del sector, se intenta “prevenir y combatir la comercialización y distribución de productos procedentes de robos en el campo, protegiendo con ello la propiedad y los derechos de los agricultores andaluces”.

Esta iniciativa, impulsada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, está recogida en una Guía Conduce que contiene obligaciones y recomendaciones sobre las condiciones en que se debe desarrollar el transporte y la comercialización de los productos agrarios, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica. “Se trata de una iniciativa –ha destacado Grávalos– que nace de la preocupación del Gobierno de España por la seguridad de nuestros agricultores y que se enmarca en un conjunto más amplio de medidas articuladas por el Ejecutivo con el fin de combatir las sustracciones en el medio rural”.

El objetivo de la Instrucción, publicada por la Delegación del Gobierno dentro de sus competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público es, por un lado, proteger los derechos de los agricultores sobre sus frutos y, por otro, evitar que los productos agrarios sobrantes en el suelo después de la recogida de la cosecha –en los casos en que por su escasa cuantía no sea recolectada– queden desprovistos de utilidad social.

Acreditar la procedencia

Si bien la regulación sobre transporte, trazabilidad, inspección y comercialización de los productos agroalimentarios es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Grávalos ha apuntado que corresponden a la Delegación y subdelegaciones del Gobierno las competencias en materia de seguridad y orden público, “incluida la prevención y persecución de posibles conductas delictivas con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por todo ello, Grávalos ha incidido en que el delegado Sanz ha dado luz verde a un documento oficial que contempla “indicaciones y recomendaciones que contribuirán a que vendedores, transportistas y compradores de los productos agrarios tengan constancia fiable sobre la procedencia de los mismos”, lo que irá acompañado de un incremento de la vigilancia por parte de las FCSE en los puntos de compraventa.

De hecho, esta instrucción recomienda que los conductores y transportistas “lleven autorización expresa para el transporte de la mercancía, expedida por la asociación o cooperativa correspondientes”, y que el receptor de la misma “solicite al transportista un documento que acredite su legítima procedencia”.

Ligado a esta recomendación, la instrucción del delegado del Gobierno en Andalucía prevé que cada Subdelegación, en base a sus competencias, disponga los oportunos servicios de vigilancia y control, tanto en los medios rurales como en los puestos de compra, almazaras y carreteras, para impedir situaciones de aprovechamiento ilícitas, hurtos o robos de los productos agrarios.

“El objetivo último de estas medidas y recomendaciones es tratar de dar respuesta a las reiteradas demandas de las organizaciones agrarias, cubriendo, al mismo tiempo, el vacío legal existente a nivel autonómico, dado que la Junta de Andalucía no ha aprobado aún una normativa que regule los requisitos que deben cumplir los transportistas de este tipo de productos», ha concluido la subdelegada.