La asociación agraria Asaja-Huelva va a pedir a la administración autonómica, si esta no actúa de oficio, la apertura de la línea específica 8.4.1 de los Planes de Desarrollo Rural (PDR), que contempla específicamente la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes, para tratar de paliar los daños ocasionados a los propietarios agroforestales por el incendio que el pasado 8 de septiembre asoló más de 4000 hectáreas en los términos municipales de La Granada de Riotinto y Zufre.

La patronal siempre ha considerado que las ayudas contenidas en el PDR terminan dedicándose a cuestiones generales, normalmente de mantenimiento de infraestructuras de los municipios, que muy pocas veces revierten en la mejora de los sectores agrícola y ganadero, verdaderos puntales económico laborales de las zonas rurales, por lo que insta a la Junta de Andalucía a aplicar esta línea y otras contempladas en el PDR, como la 8.2.1, de Establecimiento o Mantenimiento de Sistemas Forestales, y la 8.3.1, de Prevención de Incendios, dotándolas de capacidad presupuestaria suficiente.

Asaja-Huelva, por su parte, está inmersa ya en la valoración de las pérdidas sufridas por los propietarios de fincas de la zona, mayoritariamente dedicados a aprovechamientos forestales, una actividad de cuantificación compleja que hace más delicada la operación de cálculo de los perjuicios económicos sufridos. No obstante, teniendo en cuenta la experiencia de otros siniestros forestales de similares consecuencias y tras realizar los primeros sondeos, Asaja considera que los daños económicos superarán los 12 millones de euros.

A esto hay que añadir las pérdidas derivadas de la interrupción de la actividad ganadera y agrícola o una dificultad añadida a la hora de criar el ganado por la pérdida de pasto y bellota, por lo que Asaja considera primordial no sólo que se contemplen ciertas exenciones que amortigüen la situación de los productores, sino también la apertura de la convocatoria de ayudas de la línea 5.2.1, dirigida a inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañado por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes.

Para ello, las administraciones públicas competentes, ayuntamientos y Diputación Provincial, así como las organizaciones agrarias, deben solicitar la declaración de “desastre natural”, algo que queda acreditado en caso de pérdida de más del 30% del potencial agrícola de la zona.

Estas ayudas serían vitales para la restauración y el regreso a la actividad del tejido agrícola y ganadero de la zona, puesto que cubren el 100% de las inversiones encaminadas a reparar los daños provocados por el desastre en las estructuras productivas e incluso la compra de ganado.

Asaja-Huelva está a disposición de sus asociados para realizar cuantas gestiones sean oportunas con el fin de obtener las ayudas y mejoras que posibiliten la restauración de la zona y la vuelta a la normal actividad en el menor plazo de tiempo posible e insta a todas las administraciones implicadas en la zona, especialmente a sus ayuntamientos, a que se vuelquen con ganaderos, agricultores y propietarios forestales, que han sufrido un duro golpe y que resultan esenciales en la creación y el mantenimiento del empleo en zonas, ya de por sí, que sufren dificultades por su situación geográfica y otras circunstancias que las convierten en desfavorecidas.

En este sentido, y valorando positivamente toda iniciativa que se adopte en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de las zonas rurales, Asaja-Huelva considera insuficiente la petición de los ayuntamientos de las localidades afectadas por el incendio sobre las ayudas del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ya que, una vez más, estas ayudas no redundan en el desarrollo agrario de la zona sino que suelen servir más bien para que los consistorios lancen algunos empleos temporales encaminados a cubrir reparaciones diversas y tareas de mantenimiento dentro de los municipios.

La organización agraria considera que estos ayuntamientos no están teniendo en cuenta a los mayores afectados, que son los propietarios agroforestales que cumplen escrupulosamente con las tareas de prevención de incendios forestales y que han perdido su medio de vida por un incendio que, precisamente, se ha producido por el nefasto estado de conservación que presentan los montes públicos.