El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva, Pedro Pascual Hernández, ha presidido la constitución de la comisión provincial de seguimiento del convenio para la mejora de caminos rurales de titularidad pública, de la que forma parte la diputada provincial de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación, Laura Martín.
Las funciones de esta comisión son fijar prioridades, señalar objetivos y determinar las actuaciones a desarrollar; proponer medidas complementarias para el mejor cumplimiento de los fines previstos; efectuar el seguimiento y la evaluación de las acciones programadas, y dirimir las cuestiones litigiosas que se planteen entre las partes en la ejecución del protocolo de colaboración. El protocolo conjunto del Gobierno andaluz y las diputaciones provinciales prevé que se destinen 106 millones de euros a la mejora de caminos rurales de titularidad pública. De esta cantidad, un 60 por ciento (64 millones de euros, 8 millones para cada provincia) será aportado por la Junta, procedente de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020.
En los últimos cinco años en Andalucía se han arreglado hasta 3.500 kilómetros de caminos rurales, a través de diferentes programas de mejora, con una inversión de 215 millones de euros. El citado protocolo da continuidad a estas actuaciones.
Las subvenciones se otorgarán de manera equitativa, primando la longitud de los caminos, el número de explotaciones por las que pasan y el uso de los mismos, de forma que se refuerza la vocación municipalista de la Junta de Andalucía, que con este tipo de iniciativas cohesiona territorial y socialmente la comunidad y la «prestación de servicios» en las zonas rurales.
El delegado de Agricultura ha subrayado de esta forma “se incrementa la accesibilidad a las fincas agrarias para incidir en la competitividad de la actividad, ya que se facilitan los desplazamientos de los trabajadores, la maquinaria y los equipos necesarios para las distintas labores y se reducen el tiempo y los costes de la salida de las producciones hacia los mercados”. “En paralelo -añade Hernández- se contribuye a la mejora de la calidad de vida de quienes viven y trabajan en estos entornos y se fomenta la cohesión social y territorial de las áreas rurales.
Por ello, concluye que “es necesario continuar invirtiendo en ellos, como prevé la Junta de Andalucía, con la publicación de una nueva orden de ayudas, dotada con diez millones de euros, para mejoras las vías rurales, en este caso, de las comunidades de regantes”. Los fondos procederán del PDR andaluz y de las propias comunidades.
La comisión es el inicio de un proyecto que va a ser de gran interés para el mundo rural, ya que va a posibilitar que los municipios puedan acceder a una serie de ayudas que, de forma conjunta entre ambas instituciones, junto a la propia administración local, puedan financiar la ejecución de mejoras en los caminos rurales que tan necesarias son para el mundo de la agricultura y la ganadería en Córdoba».
Las ayudas supondrán hasta el 60% de la inversión de cada iniciativa que se acometa. Esta cantidad se podrá complementar con fondos procedentes de las diputaciones, hasta alcanzar el 100% de los proyectos, si así se acuerda con el ayuntamiento titular de la vía afectada.