La Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (AMHPH) ha celebrado las terceras jornadas del ciclo que está desarrollando en la provincia. Gibraleón ha sido el municipio (después de Aljaraque y Beas) que ha sido objeto del estudio realizado esta vez, donde los investigadores han concluido con que la represión en Gibraleón «provocó la huida masiva de republicanos que fueron apresados en otros municipios del entono y ejecutados la mayoría», ha dicho el historiador y profesor de la Universidad de Huelva, Cristóbal García. El conocido experto en la historia de Huelva del primer tercio del siglo XX ha hecho este sábado un recorrido histórico sobre lo ocurrido en Huelva y provincia, donde «no hubo guerra, sino represión». Ha dado detalle de la persecución que sufrió el Gobierno municipal de Gibraleón en 1936 y todos aquellos que hubieran tenido que ver con «los días rojos», según el lenguaje que se encuentra en los documentos históricos que guardan los archivos.
Para él, lo más llamativo de su investigación ha sido que se ha encontrado «con un pueblo polarizado, en el que en una población de 6.000 personas, 67 asesinados es un porcentaje muy alto». Para él, tendrá que ver con que «la derecha tenía una presencia importante y hubo una represión total hacia los que permanecieron leales a la República. Me sorprende mucho la dispersión de los asesinados, muchos de esos vecinos huyen porque quedarse en el pueblo era lo más peligroso, por la red que se formó de persecución». El experto explicó que mientras en Beas había una clase política mayoritariamente de izquierdas, en Gibraleón ocurre lo contrario. Seguramente las razones sean económicas, por la estructura de la propiedad de la tierra y el sometimiento a los campesinos». Por ello, Cristóbal García ha animado a estudiar este aspecto, así como los resultados electorales calle a calle para dilucidar ese detalle.
Por su parte, Miguel Ángel Harriero, explicó el sentido de estas jornadas, cuya razón de existencia se basa en el vacío de contenido que existe y que dificulta el conocimiento. Harriero ha estado con García repasando los archivos municipales del municipio para construir su conferencia. La prensa de la época también ha sido su apoyo para encontrar referencias a Gibraleón, como la del diario Odiel el 27 de septiembre de 1936, cuando se publicó la eliminación del nombre de las calles para cambiarlas por nombres de personajes protagonistas de golpe militar. En octubre de 1940 se publicó un bando del «Ayuntamiento Nacional de Gibraleón» pidiendo nombres y detalles de los que eran considerados «culpables» de la situación de España en los días previos al golpe, para perseguirlos y asesinarlos.
En el Archivo Municipal no se han encontrado grandes documentos porque los libros de actas tienen las páginas mutiladas, «una pena porque nos daría una visión mucho más real de la que conocemos», ha relatado Harriero. Las actas capitulares dan una imagen global y los registros de entrada de documentos sí aportan información sobre los llamados a declarar, notificaciones sobre los muertos. Proyectó los casos de Carmelo Álvarez, de quien pedían informe médico para llevarlo a un campo de concentración; o la petición de informe sobre la vecina Rosario Tocino Muve. En el Archivo Histórico Provincial hay más de 60 expedientes de prisiones de represaliados de Gibraleón, tanto de octubre de 1934 como de los detenidos después de 1936 para ser ejecutados. En muchos de estos expedientes figura el término «Libertad», que no era más que el paso previo a la ejecución, ha explicado. Decretos de condenas y cumplimientos, sentencias de muerte, informes policiales, decretos de prisiones, «documentos valiosísimos que ayudan a develar los hechos ocurridos y que al día de hoy están impunemente guardados», ha dicho.
En el acto de inauguración participaron el viernes la alcaldesa del municipio, Lourdes Martín, la ponente socialista de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y parlamentaria por Huelva, María Márquez, y el coordinador de la Oficina Provincial de Memoria Histórica de la Junta, Guillermo Molina. La alcaldesa, a la que la AMHPH agradece enormemente su colaboración y ayuda, dijo que «ha llegado e momento de sacar a la luz lo que ocurrió. Pagaron un altísimo precio por defender la libertad».
María Márquez hizo una exposición sobre los aspectos más destacados de la Ley que aprobó el Parlamento de Andalucía el pasado mes de marzo, de la que ella ha sido ponente por el PSOE. Ella destacó lo que considera los aspectos más importantes de la nueva normativa, que son el hecho de que «las familias de los asesinados y represaliados sean consideradas víctimas, y que la Ley obligue a que la memoria se estudie en las aulas, con lo que los niños y jóvenes van a conocer la verdad de lo ocurrido en la reciente historia de España». Márquez sostuvo que esto es muy importante porque «algunos quisieron imponer el miedo, pero nadie olvida cuando le han asesinado a su ser querido».
Prueba de ello fueron las intervenciones de Pilar y de Juan Manuel, cuyos testimonios sobrecogedores demostraron que después de 40 años de democracia, «la gente sigue sufriendo», ha dicho Pineda. En la Sala San Sebastián, cedida por el Ayuntamiento de Gibraleón, que ha estado abarrotada de público, se escuchaban ayer los sollozos de una mujer, hija de Martín Moreno Pineda, a quien «sacaron de su casa y nunca más supimos de él». La AMHPH ha dado detalles a esta mujer sobre lo que sus miembros saben de su padre, entre otras cosas, que fue también detenido en los días de la revolución de octubre de 1934, junto al diputado Crescenciano Bilbao y al periodista y político José Ponce Bernal, abuelo de la vicepresidenta de la AMHPH, Felicidad Mendoza Ponce, que ha desvelado recientemente su vida y trayectoria personal, profesional y politica en una tesis doctoral.
Guillermo Molina, gracias a la iniciativa de la Junta de Andalucía, para dar cumplimiento a la joven Ley, informó a los presentes de las competencias de esta oficina de atención a las víctimas que tiene su sede en la Delegación del Gobierno en Huelva, en Avenida de Guatemala. También hizo referencia al Consejo Andaluz de la Memoria, recogido en la Ley y que está a punto de empezar su andadura para trabajar con expertos, asociaciones, colectivos y particulares. Por tanto, «la apuesta es doble y estamos a la vanguardia en las actuaciones, tendremos partidas concretas para organizar estudios, censos y localización de fosas. Tenemos una tarea importantísima», dijo. Recordó, por ultimo, el caso de su abuelo, Eduardo Molina Martos, que fue alcalde Palos de la Frontera, de quien «tuve la suerte de exhumar su cuerpo».
Fernando Pineda insistió en la necesidad de dignificar a las víctimas y para ello clamó por la necesidad de una Ley estatal, similar a la andaluza y que mejore notablemente el texto de la llamada Ley Zapatero de 2007, que no abarca las necesidades que plantea este gran problema que nuestra democracia no ha sabido abordar con valentía. Este país necesita una segunda transición para zanjar este asunto», sentenció. Fernando Pineda, que explicó el trabajo y el sentido de la asociación que preside, concluyó diciendo que «nuestra asociación es el resumen o la visualización del trabajo de un montón de gente que hemos estado perdidos, deambulando, luchando para encontrar pistas, documentos, señales, testimonios, investigando pueblo a pueblo, casa por casa, para intentar reconstruir la historia silenciada».
Juan José Oña hizo lectura de un artículo que se publicó en febrero de 1979 en la revista Interviú, en el que se relataban episodios de los primeros días vividos en Gibraleón después del golpe militar, un documento de gran dureza que al ser leído a modo de relato cinematográfico hizo removerse a los asistentes, vecinos que recordaron los tristes días vividos, como el nonagenario Faustino, zapatero, sentado en primera fila recordando cómo se llevaron a su padre cuando él tenía sólo 10 años; y los descendientes de otros que fueron conscientes ayer de un horror que no puede quedar en el olvido.
