CCOO y UGT han redactado una carta conjunta dirigida al Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, para hacerle partícipe del gran problema existente en los Juzgados de lo Social de Huelva.
Los sindicatos informan en la carta que “hemos mantenido diversas reuniones institucionales con las administraciones competentes sobre este asunto, en las que hemos podido trasladar la situación de colapso que sufren los tres Juzgados de lo Social de la provincia de Huelva”. CCOO y UGT han mantenido diferentes encuentros para abordar este tema, tanto con la Subdelegación del Gobierno, como con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el presidente de la Audiencia Provincial.
Los secretarios generales de CCOO y UGT en Huelva, Emilio Fernández y Sebastián Donaire, esperan que “el Ministro comprenda la situación insostenible de hasta dos años en demoras constatadas en la fijación de fechas para juicios”. Para los dirigentes esto es un trato desigual para la clase trabajadora onubense ya que “genera un grave perjuicio a los trabajadores de Huelva que tienen que acudir a la justicia, para hacer valer sus derechos. Estos largos periodos de espera se hacen insostenibles para muchas familias de nuestra provincia”
La carta recuerda al Ministro que la exigencia de un cuarto Juzgado de lo Social en Huelva, no es solo una demanda de CCOO y UGT, es una necesidad recogida por el TSJA en su Memoria de 2016, e incluso ha sido solicitado por la propia Junta de Andalucía, según han sido informados, sin que el Ministerio de Justicia haya considerado conveniente conceder ese cuarto Juzgado de lo Social.
“El objetivo principal de la carta es trasladar la urgencia de esta situación que está provocando numerosos perjuicios a la población onubense y una sobrecarga a la plantilla de los juzgados existentes. La justicia es un derecho básico de la ciudadanía que no debe verse avocada a años de espera, ni convertirse en un problema añadido a los muchos que sufre la clase trabajadora de la provincia”.
Ambas centrales sindicales esperan que se afronte pronto esta situación por parte del Ministerio de Justicia y así se desbloquee el colapso jurídico que sufre Huelva.
