El PSOE de Huelva pide al Gobierno central que “atienda de una vez a las personas con discapacidad” y apruebe ya el Plan Nacional de Accesibilidad Universal, previsto en la Ley estatal de 2013, y que realice los estudios integrales sobre accesibilidad, concretando qué ajustes razonables deben llevarse a cabo, y así poder desarrollar toda la normativa existente, destinando financiación específica para la adaptación de los entornos existentes.
Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial, Ezequiel Romero, quien ha anunciado que los socialistas presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para instar al PP en el Ejecutivo a que “no se demore más”.
El socialista ha indicado que “desde Andalucía hemos reafirmado nuestro compromiso con las personas con discapacidad, 720.000 en nuestra comunidad, 40.000 en la provincia de Huelva, con la aprobación el pasado mes de septiembre de la nueva Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, donde se establece, entre otras cosas, que las administraciones públicas andaluzas promoverán el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida independiente y a participar plenamente en todos los ámbitos sociales, demostrando el compromiso inequívoco de los socialistas andaluces con el impulso de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y que mejoren su calidad de vida”.
Además, la Junta de Andalucía promueve desde hace años el Pacto Andaluz por la accesibilidad, y en estos años más de 200 municipios de nuestra comunidad se han adherido al mismo.
“Sin embargo –ha apostillado Ezequiel Ruiz- el Gobierno de Rajoy no cumple su palabra con estas personas y aún no ha llevado a cabo lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”.
Ruiz ha señalado que la Accesibilidad Universal se define en esta norma como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser utilizables y practicables en condiciones de seguridad, comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible.
Esta norma establecía que el Gobierno, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, debía aprobar un Plan Nacional de accesibilidad para un periodo de nueve años que debería contemplar los compromisos económicos que asume el Estado, porque adoptar todo necesita de una financiación adicional a lo que puedan dedicar las comunidades autónomas o los ayuntamientos, “pero hasta la fecha no lo ha hecho, por lo que le pedimos sensibilidad con estas personas, que cumpla y lo apruebe”.
