Uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo que ocupa el proyecto, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental, según un reciente informe del Instituto Geológico y Minero al que ha tenido acceso eldiario.es, en una información firmada por Raúl Rejón.

Según esta información de Raúl Rejón, «aunque el Instituto depende del Ministerio de Economía, el informe fue pedido por el Ministerio de Energía, según le obligaba  la autorización administrativa del proyecto. El IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio. Las conclusiones se cerraron el 11 de diciembre de 2017.

Los técnicos del IGME consideran que Gas Natural ha rebajado el nivel de riesgo en cuanto a las inundaciones en la zona afectada. «Las asignaciones de peligrosidades y el riesgo que se derivan de su utilización e interpretación son, cuando menos, cuestionables», analizan.

Así, por ejemplo, en las zonas del proyecto gasístico conocida como Marismas-3 y el gasoducto planeado, Gas Natural les atribuye en su informe peligrosidades por inundación baja o media lo que, a juicio de la revisión oficial, contradice los datos del propio análisis: hay zonas de calado que llegan al límite establecido para zonas de inundación peligrosa para las personas. También esas zonas ocupan áreas en las que los flujos fluviales arrojan velocidades «que toda la literatura especializada califica como de alta peligrosidad», recuerdan.

La explicación que encuentran los técnicos es que la evaluación de la promotora solo ha tenido en cuenta la frecuencia o probabilidad de inundación, no los otros parámetros como son el calado, la velocidad, la carga sólida transportada y sedimentada y los fenómenos de erosión y sedimentación activos. La conclusión que sacan es que, con todas esas evidencias «lo lógico parece incluir la zona de las actuaciones como de peligrosidad alta».

En este sentido, el estudio de la empresa estableció que el «daño potencial de las avenidas sobre las instalaciones» sería bajo. Sin embargo, al haber una peligrosidad más alta, el informe en poder del Ministerio de Energía niega esa conclusión: «No cabe evaluarlo como bajo», concluye la información de eldiario.es