El grupo socialista en la Diputación de Huelva presenta al pleno de la Diputación del próximo miércoles diversas mociones con un marcado carácter social. Dos de ellas tienen como denominador común el apoyo a las personas con discapacidad y la tercera pide la puesta en marcha de un plan especial de formación profesional para el empleo. El vicepresidente de la Diputación y portavoz del equipo de gobierno, José Fernández, ha dado a conocer hoy las mociones de los socialistas, así como una declaración institucional en apoyo a la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En la primera de las mociones, los socialistas apoyan la proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo socialista sobre la creación de un Fondo de Accesibilidad Universal en el que se pide que en el presupuesto de cada obra pública, así como en las inversiones públicas destinadas a infraestructuras y a tecnologías de la información y las comunicaciones, financiadas total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar actuaciones dirigidas a garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, tanto física como tecnológica de las administraciones públicas.
Según recoge el texto de la moción, “la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, señala los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social; espacios públicos urbanizados y edificaciones; medios de transporte; oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales; bienes y servicios a disposición del público, de titularidad tanto pública como privada.
Según Fernández, “el plazo máximo de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación está fijado el 4 de diciembre de 2017. Cumplir con el plazo establecido habría requerido un esfuerzo tanto económico como de planificación. Pero el Gobierno del Partido Popular no solo no ha intensificado los esfuerzos a medida que la fecha se acercaba, sino que ha disminuido los recursos que se destinaban a políticas de accesibilidad. Este país lleva seis años sufriendo retrocesos sociales; las políticas de discapacidad y la accesibilidad no han sido ajenas a las derivas restrictivas y a los recortes”.
En la segunda de las mociones, el grupo socialista pedirá al Pleno un posicionamiento favorable para instar al Gobierno de España a que apruebe el Plan Nacional de Accesibilidad, garantizando con ello “la accesibilidad universal para todos y todas”.
En su propuesta, el grupo socialista expresa el convencimiento de que el impulso de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad concierne a toda la ciudadanía, organizaciones, entidades y a todas las administraciones públicas. Por ello, también solicitan en su moción que el órgano de máxima representación política de los ciudadanos de la provincia apoye “todas las medidas que se pongan en marcha y las legítimas reivindicaciones de las organizaciones de personas con discapacidad”.
La iniciativa socialista se apoya en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los estados a adoptar las medidas pertinentes para conseguir una sociedad inclusiva y accesible que permita a este colectivo, tanto en entornos urbanos como en rurales, el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.
En este sentido, la accesibilidad universal no sólo se refiere a la eliminación de barreras físicas para el acceso a medios de transporte y espacios públicos, sino también al acceso a los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información, los medios de comunicación, la relación con las administraciones públicas y los bienes y servicios públicos.
La tercera y última moción del grupo socialista tiene que ver con la formación. Según el texto de la misma, “la judicialización por la vía penal de la gestión de la formación profesional para el empleo en Andalucía ha causado un enorme daño a estas políticas. El Gobierno de la Junta de Andalucía, ante la enorme alarma social y mediática que se generó con este asunto, adoptó la prudente decisión de suspender la convocatoria de subvenciones para cursos de formación,iniciando una estricta colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos investigados, así como una diligente gestión de los expedientes administrativos en proceso de justificación, para garantizar el control sobre el correcto proceder de las entidades beneficiarias”.
En la moción se insta al Gobierno de España a que cuantifique y transfiera la dotación derivada de la no ejecución de los cursos de formación para el empleo en Andalucía, desde los años 2012 a 2016, con el objeto de elaborar y poner en marcha un plan especial de formación profesional para el empleo en Andalucía que implemente las cantidades que en los próximos cinco ejercicios presupuestarios correspondieran a la Comunidad Autónoma Andaluza para el desarrollo de esas políticas de formación.
Por último, el portavoz del equipo de gobierno ha anunciado que una cuarta moción prevista por los socialistas se ha convertido en declaración institucional en apoyo a la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
