(Texto: Círculo del Patrimonio Cultural) Hace unos días fue publicado en la prensa local todo un alegato contra la participación ciudadana en los asuntos que nos son comunes. Según este alegato, el patrimonio cultural y natural es cuestión exclusiva para determinados “profesionales”.
Para desgracia de algunos, la ciudadanía se está organizando para su defensa. Muchos vamos a vigilar la práctica municipal, sustentada por esos “profesionales” que durante años se han revelado incapaces de garantizar la custodia del patrimonio desde su responsabilidad como funcionaros públicos. Buena muestra de ello son los logros del Museo Arqueológico en el Banco de España o la reciente propuesta para la declaración de Conjunto Arqueológico de la Isla Saltés, iniciativas que han nacido de la voluntad popular tras décadas de indiferencia por parte de quienes tendrían que impulsarlas.
Resulta desconcertante que un trabajador público se extralimite en sus competencias y disponga de un espacio preferente en un medio privado para significarse políticamente y desautorizar a los onubenses. Y es que, pese al constante flirteo del Ayuntamiento de Huelva con la ilegalidad, nosotros hemos creído prudente mantener al margen cualquier alusión directa a sus técnicos. Pero para sorpresa de todos, quien firma ese texto y pretende callarnos a todos es una arquitecta municipal del Ayuntamiento, que bajo su propia responsabilidad ha decidido exponerse a la opinión pública.
En todo un esfuerzo poético a base de eufemismos y citando a otros arquitectos —que siempre queda muy bien— viene a ensalzar el urbanismo practicado en Huelva, ese que otros colegas suyos han calificado de subordinado y especulador. Nosotros también podríamos citar al laureado arquitecto Alejandro Herrero, quien afirmara que el arquitecto municipal que toma cargo «recibe en Navidades unas botellas o un jamón, pero no se te ocurra aceptarlos, porque el año que viene te traerán un maletín». Pero preferimos los hechos a las citas. Así pues, ya que esta espontánea redactora de prensa se califica de experta y humilde al tiempo que compara su obra con la de otros valientes como el emperador Adriano y los hacedores de la Mezquita de Córdoba, veamos algo de la incidencia de su labor municipal en nuestra ciudad.
Es curioso que destaque la figura de Manuel Pérez y González teniendo en cuenta que ella es corresponsable de derribar los dos edificios de 1884 que quedaban en la calle Duque de la Victoria. Visto lo visto, es muy posible que ignore su autoría y datación, así como la de otros que ya habían caído antes en ésta y otras zonas. Y es que los edificios derribados en la esquina de la calle Alfonso XII con Pérez Carasa también eran de Pérez y González.
Algunas aportaciones como «valedora del patrimonio» son su propuesta de derribo del entorno de La Concepción (en el documento que había de mejorar su protección BIC), la pugna por descatalogar una casa en la calle Rico, o su forzada interpretación del informe técnico sobre el estado del edificio de Hacienda. Con malas artes defiende su demolición y cambio de tipología, y ahora osa mencionarlo como ejemplo de recuperación. Ya veremos. Todo a su tiempo.
Sea por el motivo que sea, sus informes tergiversan el signifcado de términos que un urbanista debiera controlar, como conservación con protección, deterioro con ruina, reconstrucción con descatalogación, testero con medianera, protección integral con estructural o ambiental, etc. Los técnicos de la Junta de Andalucía desaprueban sistemáticamente su criterio. Han considerado que sus propuestas son equivocadas y llevan a desnaturalizar el Casco Histórico. Otra cosa es que, amparada por el Ayuntamiento de Huelva y con la reserva de sus compencias en urbanismo, esta arquitecta firme lo que firma.
A tenor de algunos ejemplos, reconocemos estar de acuerdo en que hay que ser valiente, pero para comprometer la integridad profesional en pos de intereses que no competen a un equipo técnico municipal. Nuestro patrimonio muere, es cierto, y ello se debe a ese uso interesado de las competencias municipales, que hacen de una institución pública que debiera velar por el interés general un cortijo productor de suelo para el sector inmobiliario.
El PGOU de 1999, redactado por profesionales externos, y por tanto más libres, criticaba lo siguiente:
El proceso de sustitución se encuentra fuertemente primado.
El casco se encuentra renovado en un 60 % (esto en 1999)
Problemas de incremento de densidad, número de plantas y cambio de imagen.
Alteración de las tipologías residenciales tradicionales.
Plusvalías en su totalidad absorvidas por la iniciativa privada.
Está claro que hasta 2018 todo esto se ha agravado sustancialmente. En cambio, a esta persona parece resultarle ajeno, e incluso lo defiende. Además niega y critica la participación de la ciudadanía. En Urbanismo no gusta que sepamos lo que hacen, no gusta que nadie se meta en lo que consideran de su propiedad. De paso reivindica mayor «flexibilidad normativa» en una normativa que, de hecho, no se cumple.
Sólo un dato para acabar. Las últimas modificaciones urbanísticas, participadas por esta arquitecta, avalan el derribo de casas tradicionales para elevar nuevos edificios de 4 a 8 plantas, dicen que para homogeneizar la altura del centro, priorizando los bloques de viviendas sobre el patrimonio catalogado. Sentando precedente, esto genera que, a su vez, otros derribos se sucedan para —dicen— tapar los testeros y medianeras creados en primer lugar precisamente por esa mala práctica de permitir alturas discordantes con nuestra arquitectura tradicional. Entonces, si de los aproximadamente 180 edificios catalogados en el Casco Histórico unos 112 tienen 2 plantas de altura y la intención municipal es homogeneizar al alza, ¿puede esta arquitecta explicar a Huelva qué futuro les espera?
