El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha reclamado nuevamente al Gobierno Central que permita a las Corporaciones Locales invertir su superávit. Caraballo ha participado este martes en la Diputación de Pontevedra en la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Provincias (FEMP) donde también se han abordado otras cuestiones como la tasa de reposición de efectivos y la despoblación.
Caraballo ha recordado que los municipios y las diputaciones “llevamos años haciendo un gran esfuerzo por los cumplir objetivos de estabilidad y morosidad, con planes de saneamientos que nos permiten tener las cuentas saneadas” lo que, a su juicio, “es motivo más que suficiente para que se nos permita invertir el superávit conseguido en inversiones que redunden en beneficio de los propios municipios, y por tanto, directamente en beneficio de los ciudadanos”.
El presidente de la Diputación de Huelva ha insistido en que “los ayuntamientos y diputaciones deben contar con estos recursos para poder invertirlos y que no tengan que estar dedicados por ley a cancelar más deuda anticipadamente. Es hora ya de que las Corporaciones Locales que contamos con superávit podamos utilizar estos recursos públicos en inversión, mejorando la calidad de vida y el empleo en los municipios”.
En los últimos años, desde 2012, los municipios, cabildos y consejos insulares han ahorrado casi 32.000 millones que no pueden reinvertir en políticas de generación de empleo, gasto social etc al bloquear la ley esta posibilidad. Del total de superávit de los municipios, cabildos y consejos insulares, 23.500 millones permanecen inmovilizados en depósitos bancarios, según los datos que hizo público el presidente de la Comisión, Francisco Javier Iglesias, que al igual que Ignacio Caraballo incidió en lo oportuno de destinar esos fondos a obras, inversiones sostenibles o mejora de servicios.
En el transcurso de la reunión también se han analizado las consecuencias que para las entidades locales tiene la aplicación de la ley de contratos del sector público con la que se trasponen dos directivas de la Unión Europea sobre la tramitación y la publicidad de las contrataciones, así como una propuesta de convenio entre la Dirección General de Tráfico y las diputaciones para el intercambio de información y experiencias en materia de seguridad vial.
