Izquierda Unida llevará al Parlamento Andaluz y a los ayuntamientos de Huelva iniciativas para que el Gobierno no acabe con las pensiones públicas.
Además, Izquierda Unida ha puesto en marcha una campaña informativa que se va a desarrollar en las localidades de la provincia de Huelva, con la finalidad de informar a la población sobre las consecuencias del plan del Gobierno del PP para terminar con el Sistema de Pensiones Públicas. Así, las asambleas locales de Izquierda Unida van a repartir material informativo y a seguir organizando actos públicos para que la movilización social frente al desmantelamiento de las pensione públicas siga creciendo.
El Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha precisado que los pensionistas onubenses, más de 87.000 personas que perciben una pensión media de 846 euros mensuales, “van a perder más de 200 euros este año, lo que supone que el pensionazo del PP en la provincia de Huelva asciende a más de 19 millones y medio de euros por no alcanzar la subida correspondiente al IPC previsto”. De este modo, Izquierda Unida quiere que la población y los y las pensionistas sepan lo que van a perder en cada localidad y reciban una información clara y detallada sobre los responsables de este ataque contra el Sistema Público de Pensiones.
En este sentido, Sánchez Rufo recuerda que el debilitamiento de las pensiones públicas comenzó a afectar a la población cuando el PSOE decidió subir la edad de jubilación a los 67 años, ampliando el periodo para establecer sus cuantías a la baja. Posteriormente, con la llegada del PP al Gobierno en 2011, las pensiones fueron congeladas a partir de 2013, y este año han vuelto a ensañarse aplicando una subida irrisoria del 0,25%. Además, las futuras pensiones quedarán mucho más mermadas, cuando a partir el 2019, se aplique el denominado factor de sostenibilidad. El Coordinador Provincial de Izquierda Unida añade que, “ante toda esta ofensiva, vemos como Ciudadanos también se apunta a darle la espalda a las reivindicaciones de los pensionistas, al vetar la Ley para que las pensiones se revisen y su incremento corresponda al IPC previsto.
Ante esta situación y para que las reivindicaciones de las masivas movilizaciones en defensa de las pensiones públicas lleguen a las instituciones públicas y se pueda torcer la mano al gobierno de Rajoy, Izquierda Unida va a defender mañana una Proposición No de Ley en el Parlamento Andaluz, que también se va a trasladar como moción, por parte de los grupos municipales de IU a los ayuntamientos onubenses y a la Diputación Provincial.
Con estas iniciativas, Izquierda Unida reclama al Gobierno que se deje de excusas y garantice la financiación del sistema público de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado, para que las pensiones dispongan de los recursos que los millones de pensionistas que han salido a la calle están reivindicando.
Sánchez Rufo añade que “otra medida inevitablemente necesaria para que el Sistema Público de Pensiones no sea liquidado por el Gobierno consiste en luchar contra la precariedad laboral, además de suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas de la Seguridad Social que sólo están sirviendo para abaratar los costes de las contrataciones para las empresas, sin que se supongan, para nada, la creación de empleo de calidad”. Izquierda Unida también reclama que se potencie la labor de la Inspección de Trabajo, contrariamente a lo que hace el Gobierno de Rajoy, para actuar contra el fraude laboral y la economía sumergida que suponen pérdidas millonarias para el Sistema Público de Pensiones. Asimismo, Izquierda Unida reclama que se elimine el Factor de Sostenibilidad, con el que el Gobierno del PP tiene previsto reducir al mínimo las pensiones públicas para que pasen a gestionarse por empresas privadas, que les supondrá un negocio de casi 140.000 millones de euros. Entre la batería de medidas que Izquierda Unida ha incluido en estas iniciativas parlamentarias, provinciales y municipales está también la de restituir la edad de jubilación a los 65 años, y que a partir de los 61 años, las personas con 35 años cotizados no sufran penalizaciones para jubilarse con unas pensiones dignas y de cuantías suficientes.
