(Texto: Paco Velasco) Don Felipe González ha declarado su desiderativo de que los seis llamados a declarar por el juez Llarena no vayan a prisión. Justifica su pretenciosa aspiración en el garantismo de nuestro ordenamiento jurídico respecto a los presuntos delincuentes. Pues muy bien. Por dicha razón universal, doña Ana Julia excarcelada con medidas cautelares. En España todos sabemos de fútbol y de derecho. Incluso los más analfabetos funcionales.

A fuer de garantista, nuestro ordenamiento se debe a procedimientos justos para todas las partes. Pero sobre todo al área despreciada de las víctimas. En el galdosiano episodio nacional de los golpistas, parece acreditado que formaban parte de una organización criminal. Digo parece porque el proceso se halla en fase de instrucción. Esta organización criminal está siendo investigada por delitos de tal gravedad que la pena correspondiente suma muchos años de privación de libertad.

La garantía para los millones de españoles, especialmente catalanes, perjudicados por esta banda es que los jueces eviten la reiteración delictiva y el riesgo de fuga. Y si para ello es necesario su encarcelamiento, adelante. Esta zozobra ininterrumpida durante años no puede continuar. Por seguridad jurídica de los ciudadanos. Por salvaguardia de nuestros derechos y libertades. Por amparo de nuestras leyes. Por convicción democrática.

La garantía es una pelota que se encuentra en manos del Tribunal Supremo. Servidor confía en que la resolución que se adopte por el juez Llarena o, en su caso, por la Sala de Apelaciones, obtenga la calificación de sobresaliente.