La senadora Ana Pérez ha presentado una batería de preguntas en la Cámara Alta para que el Gobierno explique de qué manera piensa atajar los problemas que sufre el colectivo de trabajadores de Correos en Huelva, que viene sufriendo los recortes en este servicio público desde que gobierna el Partido Popular. Las preguntas se refieren a su situación laboral, a los recursos con los que cuentan y cómo repercute todo ello en los usuarios. La iniciativa responde al compromiso adquirido con los representantes sindicales, con los que se reunió hace unos días.
En concreto, los socialistas quieren saber qué medidas tiene previsto realizar el Gobierno para mejorar la situación de Correos en la provincia de Huelva, por ejemplo en cuanto a recursos y horarios en cada uno de los municipios. Se le ha pedido que dé detalle de cuántos contratos eventuales se han hecho desde el año 2012, desglosado por años y por pueblos y cuál ha sido el procedimiento de contratación. También, desde el Grupo Socialista se pide el detalle de las horas extraordinarias que hayan realizado los trabajadores.
Además de lamentar el cierre de oficinas en algunos pueblos pequeños de la provincia, que han dejado sin un servicio público esencial a cientos de usuarios, los socialistas trasladan al mismo tiempo las quejas de numerosos usuarios que al acudir a las oficinas que sí están abiertas, se tienen que volver sin poder hacer sus gestiones por “problemas técnicos”. “Desde el PSOE consideramos que no es de recibo que muchas personas solo pueden hacer sus gestiones a través de Correos y se vean en situaciones de este tipo, sin poder recurrir a una solución alternativa”, ha comentado la senadora onubense.
Ana Pérez ha recordado en la exposición de motivos, que en 2017 se produjo un “gran recorte en la financiación de Correos, donde se rebajó la partida de 180 millones de euros en 2016 a 60 millones en 2017, a lo que hemos de sumar la reducción de la red física de trabajadores y el número de oficinas, así como el horario de atención al público”. Los sindicatos hablan de la pérdida de más de 9.000 empleos en España (150 en Huelva), la proliferación de contratos precarios y la reducción del número de contratos eventuales. Esto se traduce en sobrecarga de trabajo, merma en la calidad del servicio e incertidumbre del sector en un futuro laboral cierto.
