El juez que instruye al caso de los cursos de formación en Huelva ha solicitado al superior jerárquico del fiscal que informe, en el plazo máximo de diez días, si mantiene o no la acusación contra los siete investigados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, según ha informado el TSJA.

La petición se realiza después de que el fiscal de este caso hubiera solicitado el archivo de la causa al no encontrar elementos suficientes para mantener la acusación. El juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva considera que sí hay indicios de delito y no entiende, hasta el extremo que lo considera injustificado, el cambio de opinión del fiscal, que hasta ahora había defendido la confirmación del auto de procesamiento.

En esta causa se investiga la actuación del que fuera delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, y otros seis cargos públicos y funcionarios del SAE en Huelva.

La posición última expresada por el Ministerio Fiscal es que los hechos investigados “no son constitutivos de delito y no pueden considerarse ilícitos puesto que tienen su amparo en la norma de la convocatoria». Por tanto, «las actividades llevadas a cabo no serían arbitrarias ni injustas» y «no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono”.

La conclusión a la que ha llegado finalmente el fiscal en Huelva es que sí hay algunas irregularidades o deficiencias, pero que éstas tendrían repercusión en el ámbito administrativo pero no «alcanzan a integrar los delitos de prevaricación y malversación».

Tampoco ha visto el Ministerio Fiscal ánimo de lucro propio o ajeno, ni pérdida de fondos públicos, ni un plan para actuar de manera conjunta o de acuerdo con las empresas supuestamente beneficiadas.