El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, ha recordado en las II Jornadas sobre menores infractores y sistema judicial ‘Ejecución de las medidas judiciales’, celebradas en la Universidad de Huelva, que “le corresponde a la Junta de Andalucía la ejecución de las medidas dictadas por los Juzgados en relación con menores a los que se les impute la comisión de un hecho tipificado como delito en las leyes penales”. “Además -añade- es responsabilidad de las comunidades autónomas la ejecución de las medidas adoptadas por los juzgados de menores en sus sentencias firmes, regulando la organización, creación, dirección y gestión de los servicios, instituciones y programas necesarios para garantizarlo”.

Acompañado por la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, el delegado del Gobierno ha afirmado que “nuestra comunidad autónoma dispone de los recursos necesarios para responder con eficacia al cumplimiento de esas medidas judiciales, privativas y no privativas de libertad, que dictan los Juzgados”. Esa respuesta se canaliza a través de la Consejería de Justicia e Interior, encargada de garantizar las infraestructuras adecuadas y los profesionales necesarios para atender a los menores infractores.

“Estas políticas dan resultados, y así lo corrobora el dato de no reincidencia de los menores que participan en los programas, cercano al 80%”, asegura Romero. Precisamente, para seguir avanzando en esta línea, el Gobierno de Andalucía ha reforzado en los Presupuestos de 2018 su apuesta por las actuaciones vinculadas a la Justicia Juvenil con una partida de 77,45 millones de euros.

Estos recursos son los que permiten a la Comunidad Autónoma desarrollar el catálogo de medidas que contempla la Ley que incluye medidas privativas de libertad, medidas no privativas de libertad o de medio abierto y medidas de mediación penal de menores.

Compromiso de la Facultad de Trabajo Social

Por su parte, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha manifestado el compromiso de la Facultad de Trabajo Social por celebrar este tipo de jornadas en la que los estudiantes, además de los conocimientos teóricos que ya reciben en el aula, “van a tener un contacto muy directo con la práctica cotidiana de ese espacio del Trabajo Social relacionado con los menores que, lamentablemente, están en el entorno de la infracción o de la delincuencia”.

Asimismo, la rectora ha señalado que este evento se enmarca en los actos del 25 aniversario de la Universidad de Huelva, por lo que es “una buena oportunidad para que se ponga de relieve el trabajo que se realiza en esta facultad, que prepara a futuros trabajadores sociales y que, con mucha valentía, aborda un tema delicado como este”.

En la misma línea, la decana de la Facultad de Trabajo Social, Pilar Blanco, explicó que desde la Facultad “intentamos que el alumnado pueda tener otro tipo de formación complementaria a la formación académica, por lo que siempre miramos aquellas temáticas que son importantes y que no se abordan del todo en el aula, de forma que puedan tratarse a través de seminarios o jornadas, como es este caso”.

Con relación al tema de los menores infractores, la decana apuntó que, si bien es un tema polémico es también “muy importante y es un campo donde se ubican muchos profesionales del Trabajo Social”.

Las primeras jornadas estuvieron basadas en analizar el perfil de menores infractores en Huelva y cuál era el papel de los equipos técnicos adscritos a la Fiscalía de Menores. Estas segundas jornadas complementan a las primeras y están basadas fundamentalmente en la exposición y valoración de las medidas judiciales que se aplican a los menores una vez que han pasado el proceso judicial.

Cifras de Huelva

El pasado año se atendió en Huelva a 286 menores, de los que 58 estuvieron en el centro de internamiento y 228 en régimen medio abierto. De estos 228 destacan 110 que estuvieron en libertad vigilada, 50 que realizaron una prestación en beneficio de la comunidad, 34 en grupos educativos y 15 en centros de día.

Actualmente en Huelva cumplen algún tipo de medida judicial 162 menores: 47 en régimen de internamiento, 20 en convivencia en grupos educativos, 42 en libertad vigilada, 13 prestando servicios a la comunidad, 9 en asistencia en centro de día, 7 en prohibición de acercamiento y comunicación, 5 en tareas socioeducativas y 19 en mediación.

Para cumplir con esas medidas, la provincia onubense tiene un centro de internamiento de menores infractores y otros centros y servicios para el cumplimiento de medidas de medio abierto y actuaciones de mediación, conciliación y reparación. Concretamente son tres grupos educativos, dos de chicos y uno de chicas, un centro de día, un servicio integrado medio abierto y un equipo de mediación junto a Cruz Roja. Todos ellos desarrollan proyectos educativos y programas de intervención socioeducativos y terapéuticos cuya finalidad básica es la modificación de las pautas de personalidad y comportamiento que han motivado la imposición de las medidas y la asunción de la responsabilidad penal, principios esenciales para la inserción social de los menores infractores.

También se trabaja con los menores en el ámbito educativo, más aún en los casos en los que por sus edades se encuentren aún en etapas de escolarización obligatoria. La Junta de Andalucía garantiza en ese sentido las adaptaciones curriculares, bien con los propios recursos de Justicia Juvenil o con los de la Administración educativa.

Del mismo modo, y en función de nuevo de las edades, los menores tienen a su disposición un catálogo de actividades ocupacionales y laborales cuyo objetivo es favorecer la integración real y efectiva en sus respectivos entornos sociales una vez cumplidas las medidas impuestas por la Justicia. Los centros y servicios de Justicia Juvenil fomentan además en sus programas la igualdad entre mujeres y hombres.

Con estas medidas se incide en cuestiones como la resocialización, la responsabilidad, la tolerancia, la igualdad y la concienciación ante la violencia de género. Además, se trabaja con los menores en programas ocupacionales y laborales con el objetivo de que el retorno al contexto familiar y social sea más favorable.

La Consejería de Justicia e Interior impulsa estas acciones en constante colaboración con los Juzgados, las Fiscalías de Menores, el Defensor del Pueblo de España y el Defensor del Pueblo de Andalucía. Además, cuenta con profesionales cualificados en Educación, Sanidad, Trabajo Social o Derecho, entre otros ámbitos. La Junta también dispone de la figura de la mediación.

El delegado del Gobierno de la Junta ha concluido señalando “la importancia de llevar a cabo estas medidas, fundamental para la reinserción y normalización de estos jóvenes” y ha subrayado “la labor que nuestros profesionales realizan para que los jóvenes se recuperen a sí mismos, recuperen la relación con sus familiares y entorno, es importantísimo para abrir una nueva y mejor etapa en su vida”.