Las nueve denuncias interpuestas por temporeras marroquíes, cinco por abusos laborales y cuatro por abusos sexuales, vuelven a poner al sector de la fresa onubense en el ojo del huracán. Si estamos o no ante la parte visible de un iceberg de más calado está por verse, pero lo cierto es que las denuncias han puesto al sector y a Huelva en el centro informativo de varias cadenas nacionales. En este caso las denuncias se dirigen contra una empresa en Almonte.
Las temporeras han acudido esta mañana del lunes a la Inspección de trabajo, acompañadas del diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero y del secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina. Ambos ha coincidido en denunciar lo que califican de situación se semiesclavitud de algunas de estas trabajadoras, alguna de las cuales aseguran que no han cobrado aún. Otras hablan abiertamente de los intentos de un encargado por abusar de ellas sexualmente.
Cañamero ha manifestado que el sector no puede pretender vivir en base a una mano de obra «barata y sumisa». Mientras que el coordinador de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha achacado estas situaciones a la gran precariedad existente, aunque ha dejado claro que estos casos no pueden extrapolarse a todo el sector, donde hay miles de agricultores honestos y honrados. Sánchez Rufo, al igual que ha hecho el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha pedido a la justicia que actúe con diligencias antes las denuncias.
Desde el SAT se es más duro con la situación y entienden sus dirigentes que este caso de Almonte no es sino uno más de los que existen en un sector «con muy malas condiciones laborales», especialmente en lo que se refiere a la mano de obra que se contrata en origen en Marruecos.
Cañamero ha pedido a la Junta que proteja a las denunciantes y ha solicitado más inspectores en los campos, elecciones sindicales para poder proteger a los trabajadores eventuales y que los empresarios que comentan incumplimientos no reciban fondos de la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea).
La empresa ha negado las acusaciones y habla de la existencia de una campaña de acoso orquestada por el SAT, no descartando tomas medidas legales para defenderse en los tribunales.
Por su parte, EQUO Huelva ha reclamado este lunes medidas inmediatas para atender a las temporeras que han denunciado haber sufrido abusos en distintas fincas de Huelva, pero también una respuesta integral, “que debe ser participada por la sociedad civil y las distintas administraciones”, de cara a garantizar que hechos como los denunciados no vuelven a producirse y, de hacerlo, cuentan con un protocolo de respuesta “con las suficientes garantías e inmediatez”.
