(Texto: Paco Velasco) Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados no pueden ser aprobados en el Senado. Esos PGE son responsabilidad del Gobierno del PP. Constituyeron un propósito del Ejecutivo de Rajoy basado en el entendimiento y aceptado por la voluntad, sí, pero son todo un lastre para el nuevo Gobierno. Por dos principales razones: el PSOE y sus coaligados los rechazaron frontalmente, y el cambio de empresa no garantiza la viabilidad de partidas, de ingresos y de gastos.
En consecuencia, el Senado de España debe enmendarlos. Por el bien de España. Quién garantiza que la cohorte de advenedizos que huelen dinero va a finalizar la obra y, en su caso, dotarla de las calidades previstas. Los presupuestos no dejan de ser una hipótesis, mas no una tesis. Nunca un final, sino el principio de las acciones a realizar por un ser jurídico concreto, pero no por otro ente sustancialmente distinto. Hay, pues, que enmendar. No vale el dicterio, grave sinsentido, de comerse el presupuesto con patatas.
Rechazados los presupuestos en el Senado, habrán de volver al Congreso. En cuyo caso, si sus señorías los ratifican por mayoría absoluta, contradiciendo su propia opinión, pues nada, se habrá cerrado la segunda fase de una historia infame de guerra abierta por el poder. Más allá del interés general se habrá cumplido el brocardo: “Alea iacta est”. De nuevo, como en la Roma de tránsito de la República al Imperio, y en un similar contexto de enorme inestabilidad política, los de Pedriglesias (optimates de Pompeyo) no dudarán en asesinar a Mariano (populares de Julio César).
