La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha aplaudido la aprobación el martes de la proposición de Ley del Trasvase y espera que la transferencia de 15 hm3 de agua superficial llegue pronto al Condado.

Así lo ha expresado el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, quien estuvo presente junto con la Comunidad de Regantes El Fresno y otros miembros de la Plataforma en el Congreso de los Diputados. “Para los agricultores del Condado supone ver un poco de luz al final del túnel, la llegada de la transferencia supondrá que la agricultura tenga todas sus necesidades cubiertas y que se siga cuidando y respetando el entorno natural, como hasta ahora”.

“Esta transferencia es para los agricultores y para Doñana”, ha insistido Picón, que ha querido agradecer a los tres partidos que han defendido la proposición de ley en el Congreso: PSOE, PP y Ciudadanos y, posteriormente, han votado a favor de ella.

“La cesión de aguas entre cuencas en la misma provincia es la solución para los agricultores que cada campaña se enfrentan a la disyuntiva de si lloverá o no suficiente para mantenerse regando hasta su finalización”.

El resultado de esta valoración ayer en el Congreso “tiene detrás años de trabajo de esta Plataforma en el Condado de Huelva, que tiene muchos años de trabajo, reuniones, informes, manifestaciones en la calle de nuestros agricultores, trabajadores, agentes sociales, comunidades de regantes, ayuntamientos, etc.”. Ahora, ha recordado Picón, “estamos más cerca de que la transferencia llegue al Condado”.

En este sentido, “tenemos que agradecer a los ayuntamientos, representantes autonómicos, provinciales, del distrito hidrológico Tinto, Odiel y Piedras y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entre otros, el trabajo de todos estos años, el apoyo que hemos recibido de todos ellos para conseguir este objetivo”.

Por otro lado, Picón ha lamentado la postura de partidos como Podemos que “no sólo no están de acuerdo con la agricultura de frutos rojos, algo que es cuestión de valoraciones y podemos hasta entenderlo, pero argumentar de forma equivocada como lo hicieron ayer, eso no es justo para un sector que levanta la economía no sólo de Huelva sino de Andalucía”.

Sobre los argumentos de la diputada de Podemos por Huelva, Isabel Franco, para oponerse a la transferencia, ha replicado que “cuando se refiere a “insostenible modelo de gestión de agua en el Condado”, tenemos que recordarle que en este territorio hace muchos años que los agricultores son ejemplo en el mundo en la optimización y uso sostenible del agua de riego”. En este sentido, ha añadido que ya la campaña pasada la Plataforma contabilizó más de 3.000 hectáreas de berries en las que se monitoriza el riego, aportando sólo el agua que la planta necesita en la Corona Norte de Doñana, en los municipios de Almonte, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado”.

Picón ha defendido que “aseguraba ayer Franco que la transferencia haría que se aumentara la superficie de regadío. Eso es imposible en el Condado ya que el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana delimita perfectamente el espacio de regadío y no se puede ir más allá, por la sostenibilidad del entorno”.

El presidente de la Plataforma ha añadido que “tras las reiteradas visitas de la Unesco a este espacio natural, el organismo anunció que su estado de conservación es “satisfactorio” y que conserva “los valores excepcionales universales que la hicieron ser designado como Patrimonio Mundial en 1994”. Doñana es además uno de los espacios incluidos en la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el segundo de España junto a Sierra Nevada, por su conservación.

Trámites para la llegada de la transferencia.

Tras la aprobación de esta proposición de ley se abrirá un periodo de mejoras o enmiendas al texto que deberán ser tenidas en cuenta para decidir su inclusión o no en la ley. El texto se votará de nuevo y llega al Senado.

En esta cámara debe recibir también el visto bueno, antes de volver al Congreso de los Diputados para aprobarse definitivamente la ley. Estos trámites parlamentarios pueden demorarse varios meses.