El pasado 25 de junio el actual Equipo de gobierno de la Universidad de Huelva solicitó la emisión de una “resolución relativa a la constatación de existencia de fuerza mayor para la extinción de la relación laboral” a la Autoridad Laboral para proceder al despido, por fuerza mayor, de una trabajadora afiliada al Sindicato Capítulo 6. Dicha solicitud, a la que el Sindicato Capítulo 6 presentó alegaciones, ha sido resuelta por parte de la Autoridad Laboral no constatando la “fuerza mayor como causa de la extinción del contrato” de la trabajadora, según ha informado Capítulo 6 en una nota de prensa.
En este sentido, la Autoridad Laboral, la competente para apreciar o no la concurrencia de la fuerza mayor como causa de despido, apoyándose en un informe de la Inspección de Trabajo, indica que las causas en las que se fundamenta el equipo de gobierno de la UHU para proceder a la extinción contractual de la trabajadora son consecuencia de un defectuoso proceder inicial de su empleador (Universidad de Huelva) a las que el trabajador es totalmente ajeno. Por este motivo, la Autoridad Laboral dicta que “no estamos, por tanto, ante un caso de fuerza mayor, ni propia ni impropia”. Asimismo, la Autoridad Laboral pone en cuestión que se pueda despedir a una trabajadora por un contrato que ya no está en vigor ya que, tal como reconoce la UHU, la trabajadora, tras el ERE ilegal en el que incurrió la Onubense bajo el mandato del anterior rector, Francisco Ruiz, es indefinida no fija.
Cabe recordar que esta solicitud a la Autoridad Laboral para la autorizar el despido de una trabajadora por parte del actual equipo de gobierno, regido por María Antonia Peña, se basa, al igual que el anterior rector, Francisco Ruíz, en una interpretación de unas sentencias de los tribunales de lo contencioso administrativo, en la que se hace responsable de una mala praxis en el procedimiento de contratación al trabajador, por lo que solicita la empresa el despido del mismo, constatando la Autoridad Laboral, que la jurisprudencia alegada hace referencia a “supuestos que nada tienen que ver con el que estamos analizando”.
Según Capítulo VI, «la Universidad de Huelva, en vez de exigir responsabilidades a aquellos que sí fueron actores en el procedimiento de contratación, pone de manifiesto, nuevamente, su mala gestión de los recursos humanos, cayendo nuevamente en el error de entender que la solución a sus problemas se identifica con el despido de los trabajadores, cuando el auténtico quid de la cuestión se centra en una falta de control de la tramitación de la contratación, tanto pasada, presente, y casi con toda seguridad, futura, ya que no podemos olvidar que, entre otros, el área de Recursos Humanos gestionó los contratos, el Comité de Empresa los sellaba y el Gabinete Jurídico y la Secretaría General validaron dichas contrataciones. Este hecho es particularmente relevante cuando la actual secretaria, Sonia Rodríguez, lo era también en el periodo donde se realizaron la mayoría de los contratos, de los cuales los tribunales de todas las jurisdicciones han determinado que hubo mala praxis en su tramitación, habiéndose utilizado de forma abusiva la contratación temporal para tareas que eran, son y serán, estructurales de la UHU».
Esta resolución de la Autoridad Laboral, en opinión de este sindicato, «demuestra que la gestión laboral de la actual rectora, María Antonia Peña, y su equipo de gobierno está dejando mucho que desear y es totalmente irresponsable por incidir como única vía de solución de este conflicto, el despido de trabajadores como ya hizo ex rector Francisco Ruiz y su equipo de gobierno, que a causa del ERE ilegal realizado en 2013 generó un coste para la UHU, reconocido por el propio ex rector, superior a los 6 millones de euros”.
Con esta resolución de la Autoridad Laboral, desde este Sindicato, «esperamos que, por parte de la rectora y de algunos sindicatos del Comité de Empresa de la UHU, que no han parado de exigir el despido de los trabajadores del colectivo del Capítulo 6, se reconsidere su postura».
«Por el bien de la Institución, su imagen, su financiación y la correcta y eficiente prestación de Servicios Públicos, es tiempo de afrontar una solución desde el diálogo y, en todo momento, respetando la legalidad vigente e incluyendo a todos los actores sociales de la Universidad de Huelva», concluye el comunicado de Capítulo VI.
