La Asociación Sindical Capítulo 6 informa en una nota de prensa que ha recibido esta semana cuatro nuevas resoluciones que resuelven por parte de la Autoridad Laboral e Inspección de Trabajo que, al igual que ocurriera en el caso anterior, no se constata la “fuerza mayor como causa de extinción del contrato” de los trabajadores. Con estas resoluciones ya son cinco las que no respaldan el despido de trabajadores de este colectivo, «indicándose en todas ellas que las causas en las que se fundamenta el equipo de gobierno, regido por la rectora María Antonia Peña, son consecuencia de un defectuoso proceder inicial de su empleador (Universidad de Huelva) a las que el empleado es totalmente ajeno».
Por este motivo, la Autoridad Laboral establece que “no estamos, por tanto, ante un caso de fuerza mayor”. Del mismo modo, la Autoridad Laboral cuestiona que se pueda despedir a trabajadores por unos contratos que ya no están en vigor ya que, tal y como reconoce la propia Onubense, los empleados, tras el ERE ilegal realizado en 2013 bajo el periodo rectoral del anterior rector, Francisco Ruiz, son Indefinidos no Fijos.
Las solicitudes de despido por parte de la Universidad de Huelva se basan en una interpretación de unas sentencias de lo contencioso-administrativo en las que se hace responsable al trabajador de una mala praxis en el procedimiento de contratación -siguiendo en este sentido la misma política llevada a cabo por el equipo de gobierno de Francisco Ruiz- probando la Autoridad Laboral que la jurisprudencia alegada se refiere a “supuestos que nada tienen que ver con el que estamos analizando”, y ello a pesar de que se ha insistido en esta interpretación, en contra del criterio que había establecido la Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo con anterioridad.
Por otro lado, cabe señalar que los tribunales de lo social han considerado improcedente la negativa de la Secretaria General al pago de los salarios de tramitación de una trabajadora perteneciente a este sindicato, y ello desmontando la tesis de la Onubense de que no había existido una negociación con nuestro colectivo en relación a esta materia, por lo que la Institución finalmente tendrá que abonar dichos salarios más los intereses de demora y las costas, elementos que desde esta parte siempre se han intentado evitar. Nos encontramos de nuevo, por tanto, ante otra mala práctica jurídica que traerá consigo un nuevo sobrecoste económico para la Universidad de Huelva.
Según Capítulo VI, «esta mala gestión, en general, que la actual secretaria general de la Universidad de Huelva, Sonia Rodríguez, está llevando a cabo ante el conflicto laboral que mantiene la Onubense con los trabajadores afiliados al Sindicato Capitulo 6, reconduciendo la situación hacia nuevos procedimientos judiciales y más gastos, ha provocado que nuestro colectivo proceda a solicitar públicamente su dimisión, lo que se materializará en los próximos días. Una gestión que demuestra que no ha aprendido de los errores del pasado, cuando en el anterior periodo rectoral la institución universitaria onubense fue condenada por realizar un ERE ilegal, cuyo coste se puede cifrar en más de 6 millones de euros, en palabras del propio ex Rector, Francisco Ruiz».
Asimismo, «la secretaria general siempre ha mantenido la política de que la única vía de solución para el conflicto es el despido de trabajadores, a pesar de que desde este sindicato se le ha trasladado en numerosas ocasiones la conveniencia de contemplar otros escenarios jurídico/legales por el bien de la Institución. En ningún momento, desde este órgano de gobierno de la universidad, cuya principal función es velar por el cumplimiento de la legalidad en todos sus procedimientos, ha exigido responsabilidades a aquéllos que si fueron actores en el procedimiento de contratación calificado por el contencioso administrativo como de “mala praxis”.
Por todo ello, desde Capítulo VI «consideramos que hay motivos suficientes para exigir responsabilidades ante el daño personal e institucional que la Secretaria General está ocasionando al personal de este colectivo de trabajadores.
Del mismo modo, al igual que pedimos la dimisión de la Secretaria General, Sonia Rodríguez, consideramos que sería necesaria una reflexión sobre el proceder de la Asesoría Jurídica de la UHU, que también daba el visto bueno a los contratos en esas fechas, validó asimismo el ERE ilegal realizado por la UHU en 2013 y ahora ampara solicitudes de despido que han sido desautorizadas en cinco casos por la Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo».
