El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almonte se ha visto obligado a dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, para solicitar su amparo ante «las continuas dificultades y obstáculos que encuentran a la hora de obtener información y documentación con la que poder ejercer correctamente y de forma eficaz su labor de oposición y fiscalización de la gestión municipal», según ha informado el PP en una nota de prensa.
Así, los populares han presentado un escrito al titular de la institución creada para la protección de los derechos y las libertades de todos los andaluces en el que exponen la problemática que vienen sufriendo en el ejercicio de sus funciones dentro del Ayuntamiento de Almonte, funciones que les acreditan legítimamente para “obtener del alcalde o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obre en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”, tal y como reza la legislación vigente. Este derecho de acceso a la información pública, archivos y registros, aparece plasmada así mismo en la Ley de Transparencia.
Así, los concejales tienen derecho a solicitar formalmente la información que precisen y el presidente – en este caso, la alcaldesa-, o la Junta de Gobierno, tendrán cinco días para dictar una resolución denegatoria. En caso contrario, si transcurre este tiempo sin que ninguno de ellos se pronuncie, se entenderá que ha sido concedida según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información sin necesidad de que el miembro solicitante de la Corporación acredite estar autorizado.
Llegados a este punto, son los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de la administración –en este caso, del Ayuntamiento de Almonte-, que tengan a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, los responsables directos de su tramitación y tendrán que adoptar las medidas oportunas para “remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos”.
Sin embargo, los populares almonteños a través de su presidente, José Antonio Faraco, denuncian la existencia de un “filtro” de información hacia estas unidades administrativas y hacia el personal del Ayuntamiento de Almonte “de tal manera que estos no podrían nunca estar informados de nuestras solicitudes”. “Hay indicios de prohibición al funcionario de ejercer su servicio, entorpeciendo sus funciones”, denuncian sin duda alguna desde el Grupo Municipal del PP de Almonte.
Los populares recurren al Defensor del Pueblo Andaluz con el espíritu de evitar la judicialización de las infracciones que estaría cometiendo el personal de esta administración en el ejercicio de sus funciones, y con el deseo de que esta desagradable cuestión se resuelva lo antes posible. Por ello, solicitan al Comisionado del Parlamento a que acceda a investigar el asunto para “el esclarecimiento de los actos de esta administración pública en relación a los ciudadanos”, que al final son los perjudicados por la actitud oscurantista y opaca del equipo de Gobierno y como consecuencia, del personal municipal, que podrían estar incurriendo en graves irregularidades administrativas.
En cualquier caso, los populares advierten que, de no atender la solicitud el personal competente, se exigirá mediante procedimiento judicial la responsabilidad que corresponda al personal del Ayuntamiento.
