Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación ‘Pandora’, con actuaciones en las provincias de Huelva, Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora. Como resultado, se ha destapado un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social cuantificado en torno a los 27.503.000 euros.
Uno de los casos más llamativos corresponde a la investigación realizada por la Policía Nacional en la provincia de Huelva a una sociedad limitada unipersonal dedicada al sector pesquero. Fue constituida en 1999 para la explotación de buques de pesca. Desde el año 2012, se convirtió en deudora sistemática a la Seguridad Social al no pagar las cotizaciones de sus marineros.
En el año 2014, los dueños originales simularon la venta de la compañía a una persona insolvente ante notario, poniendo a salvo con esta maniobra la propiedad y domicilio familiar a su nombre en la localidad onubense de Lepe. Con posterioridad a este primer testaferro, se colocó al frente a un segundo de características similares que el anterior: sin conocimiento alguno del sector pesquero, carencia de vida laboral en general, con antecedentes policiales y con vinculación con centros sociales, atención a toxicómanos y entradas y salidas de prisión.
El verdadero dueño de la compra del barco en 2014 resultó ser el líder de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas, por lo que le fue fácil colocar al frente de la misma a personas insolventes y toxicómanos que actuarían como testaferros. Estos últimos propietarios mantuvieron la actividad real en el buque, contratando a pescadores para que ejerciesen una actividad normal que no levantase sospechas y poder ocultar, con esta actividad, la introducción de importantes cantidades de hachís y cocaína en el territorio español.
La deuda con la TGSS vigente y exigible supone un importe total de 128.351,32 euros. Se realizaron imputaciones por delito contra la Seguridad Social a los dos dueños y responsables de la sociedad pesquera investigada desde su constitución hasta mediados de 2014. En ese periodo se generó gran parte de la deuda imputada. También se imputó a los dos verdaderos adquirientes y responsables de la sociedad, que habrían aceptado hacerse cargo de las deudas de la misma y, pese a ello, las deudas fueron aumentando conscientemente. Y por último, también a los dos testaferros insolventes colocados por estos últimos adquirentes de la sociedad, que habrían ocupado cargos en dicha sociedad a cambio de una cuantía económica dada su necesidad con/para las drogas, siendo estos últimos conscientes de no tener relación alguna en la compañía.
Esta operación da continuación a una investigación explotada en diciembre de 2016, en la que se detuvo a una de estas mismas personas que tenían relación con el narcotráfico por delitos de usurpación de estado civil y contra la Seguridad Social, al haber acumulado una deuda de 187.167,65 euros en una empresa del sector de la hostelería. Además, se colaboró con la policía belga para conseguir que su operación contra el narcotráfico de hachís llegara a buen puerto, lográndose el arresto de los implicados y la incautación de una importante cantidad de droga.
Las investigaciones comenzaron a finales del año 2017, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social y sus diferentes organismos remitieron distintos escritos-denuncia a la Sección de Investigación de la Seguridad
Social de la Policía Nacional.
Durante la operación se han revisado y analizado 22 expedientes que afectaban a diecisiete provincias de once comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado. Los
responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia- y familiares de los primeros.
En la mayoría de los casos se han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas para que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere pertinente o, en su caso, que el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades generadas.
