Los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG como organizaciones mayoritarias en el establecimiento penitenciario de Huelva han emplazado a sus compañeros en las prisiones, para que los días 24 y 26 de octubre participen de la primera  jornada de huelga que han convocado, a fin de instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral que «desde hace más de un año mantenemos con la Administración Penitenciaria».

Con motivo del inicio de la huelga, el colectivo de empleados penitenciarios de la provincia de Huelva se encadenará en las puertas de la Subdelegación, situada en la calle Berdigón, y que será la antesala de la gran manifestación en Sevilla el próximo viernes 26, junto al Real Alcázar de Sevilla, coincidiendo con la celebración de consejo de Ministros en dicha ciudad.

«Denunciamos, la necesidad de abordar una negociación real, tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que nos fue retirada tan solo tres día después bajo el argumento de restricción presupuestaria y que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021», aseguran los convocantes.

Los trabajadores de prisiones «nos encontramos absolutamente indignados; entendemos que desde la administración se ha faltado al respeto a los empleados y empleadas de las prisiones y es por ello que hemos convocado una serie de medidas de presión que darán comienzo mañana con el primero de los seis días de huelga en el centro penitenciario de Huelva, así como en el conjunto de centros dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y que se extenderán a lo largo de los meses de octubre (24 y 26) y noviembre (6,8,13 y 15)».

«Igualmente, consideramos que el dialogo que iniciamos con el actual partido en el gobierno así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos generales ha quedado truncado», manifiestan.

El gobierno debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados y empleadas de prisiones a las reales cargas de trabajo. Reconociendo de la misma forma que sin personal suficiente la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda.

Por último, denuncian «los abusivos servicios mínimos que debemos de soportar como funcionarios públicos y que entendemos que nos impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como lo es el derecho de huelga. No es comprensible que en un día de huelga entren a trabajar más funcionarios en el interior de los Establecimientos que cualquier día del año».

«Lamentablemente para la Administración Penitenciaria, en sintonía con el Ministerio del Interior, los empleados públicos penitenciarios somos “los últimos” dentro de una Institución  que en lugar de reconocer nuestra profesionalidad con hechos que afectaron a la Seguridad del Estado, como ocurrió en fechas muy recientes con la detención del llamado «frente carcelario» de Daesh desmantelado por las Fuerzas de Seguridad del Estado gracias a los datos aportados por funcionarios de Prisiones durante muchos meses de trabajo. Si somos un referente en la lucha contra el yihadismo también debemos ser referente a la hora de nuestro reconocimiento público», concluyen los sindicatos.