15 enero 2025
(Foto: HuelvaYa)

Funcionarios de prisiones ‘entierran su dignidad’

Funcionarios de prisiones de la cárcel de Huelva han protagonizado en la mañana de este lunes una ‘manifestación-funeral’ por el centro de la capital. Los empleados de instituciones penitenciarias han representado el ‘funeral de su dignidad’, «fallecida el pasado 28 de septiembre» trasladando sus restos en comitiva desde las puertas del Consistorio onubense a la Sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, donde recibirá sepultura «en el panteón de los olvidados del Ministerio del Interior». «La muerte de nuestra dignidad como colectivo es el resultado de décadas de olvido, que ha llegado en este momento a su punto más álgido, provocando el origen de este conflicto laboral», aseguran los funcionarios.

La acción se enmarca dentro de la tercera jornada de huelga del colectivo, que comenzó a las 22.00 horas del pasado viernes, 16 de octubre, y se prolongará hasta mañana martes, día 20, como medida de protesta “ante el inmovilismo del Gobierno tras dos jornadas de huelga en el mes de octubre” y para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

Los trabajadores de prisiones se encuentran “absolutamente indignados” porque entienden que “desde la Administración se ha faltado al respeto a los empleados públicos de las prisiones”. En esta misma línea, los sindicatos creen que “el Gobierno debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y, así, adecuar el salario de los empleados públicos de prisiones a las cargas reales de trabajo”. Apuntan que, para ello, es fundamental que se reconozca que “sin personal suficiente la Administración Penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción recogidos en la propia legislación”.

Finalmente, los sindicatos convocantes reivindican “más plantilla, más dotaciones y recursos y un reconocimiento real de la Administración al trabajo de los funcionarios de prisiones que permita dignificar su trabajo”. Se trata, aseguran, “de reivindicaciones justas que permitan asegurar el buen funcionamiento de los centros, garantizar la seguridad de las plantillas y los reclusos, adecuar las ratios y mejorar los programas de reinserción.

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