La defensa de la convivencia, las libertades y la democracia, el compromiso de exhumación de los restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y la lucha contra la violencia de género son las tres iniciativas que presenta el grupo socialista para su debate en el Pleno de la Diputación de Huelva que se celebrará el próximo miércoles, 6 de febrero. El vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno, José Fernández, ha presentado esta tres mociones “con un marcado carácter social y reivindicativo” y con las que pretenden “no dar ni un paso atrás en los derechos conquistados a lo largo de estos últimos años”.

En la primera de las mociones, relativa a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se insta al nuevo gobierno andaluz a mantener los compromisos financieros y trabajos de exhumación ya iniciados por el anterior ejecutivo andaluz, así como solicitar al gobierno central la continuidad de las exhumaciones en fosas de cementerios de Andalucía para identificar restos de asesinados por el franquismo, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Además, solicitan incluir dentro del Plan Estatal de exhumaciones los trabajos ya iniciados y los programados por el anterior ejecutivo andaluz.

En la segunda de las iniciativas presentada por el grupo socialista, la Diputación se compromete a “cerrar el paso a las fuerzas de extrema derecha en las instituciones, estableciendo un cordón sanitario para que no lleguen al poder, y a la vez a denunciar los discursos que inciten al odio, la intolerancia y la desigualdad en nuestros pueblos y ciudades, y que amenazan derechos y libertades conseguidos en 40 años de democracia”.

Según José Fernández, “estamos viviendo el auge de movimientos populistas, el crecimiento del nacionalismo y la extrema derecha en el conjunto de Europa. Y ahora también en España y Andalucía. Unos movimientos que representan una amenaza real a la que ha sido nuestra lucha por la consecución de una sociedad más justa, libre, fraternal, plural, igualitaria y feminista”. Por eso, en la moción se insta a todos los grupos políticos a que acorde con el espíritu constitucional y los valores europeístas, rechacen  cualquier tipo de alianza con formaciones de extrema derecha en las elecciones municipales.

En la moción se llama también al conjunto de la sociedad civil, asociaciones y sindicatos a sumarse en esta defensa de los derechos y libertades. Se quiere impedir democráticamente que grupos y representantes de extrema derecha participen o condicionen la vida diaria de los colectivos democráticos, así como evitar que el discurso del odio obtenga alguna apariencia de legitimidad, se normalice o se banalice por medio de cualquier entre o instrumento democrático.

En la tercera moción socialista se rechaza la adopción de cualquier tipo de acuerdo que plantee la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, “dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema”.

Según la iniciativa socialista, actualmente, “algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género”, por lo que es necesario reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso y el Senado, con el objetivo de combatir el “terrorismo machista”, que es, según la moción, “el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y andaluza”.

En su exposición de motivos, la iniciativa socialista, que asegura que la violencia de género “ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado”, afirma que cualquier avance en esta materia precisa de “un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales”.

Por todo ello, propone al Pleno de Diputación tolerancia cero con los maltratadores, la repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia y el compromiso con las víctimas. Igualmente, el rechazo a “cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas”.