El grupo socialista en la Diputación de Huelva presenta al pleno de la institución provincial del próximo miércoles, correspondiente al mes de marzo, tres mociones relativas al recorte en la convocatoria de plazas en educación, en defensa de los profesionales que luchan contra la violencia de género en Andalucía y de apoyo a la paz en Oriente Próximo que contempla la Declaración del Acebuche, respectivamente. El vicepresidente de la Diputación y portavoz del equipo de gobierno, José Fernández, ha dado a conocer hoy estas iniciativas así como tres propuestas de declaración institucional en apoyo al Día Internacional del Síndrome de Asperger, a las reivindicaciones del 8 de marzo así como la incorporación de la institución a la agenda europea 2030.
En la primera de las mociones, los socialistas apoyan la paz en Oriente Próximo contemplada en la Declaración del Acebuche. Una propuesta que, en palabras de José Fernández, “queríamos presentar al pleno como declaración institucional pero el Partido Popular no estaba de acuerdo en su totalidad y, finalmente, la llevamos como iniciativa”.
Como ha indicado el portavoz del equipo de gobierno, “lo que pretendemos concretamente con esta moción es que se apruebe en Pleno el contenido de esta Declaración del Acebuche en apoyo al pueblo palestino y que, tras más de 50 años de ocupación de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, revierta esa situación insostenible en la que se encuentra la población residente en los territorios ocupados, donde se roza la vulnerabilidad de los derechos humanos, agravada ahora por la reciente y significativa reducción de la ayuda financiera del Gobierno de los Estados Unidos a la UNRWA”.
Respecto a la segunda moción, el grupo socialista insta a la presidencia del Gobierno y del Parlamento Andaluz a que no faciliten el acceso a los datos personales de los profesionales que luchan contra la violencia de género, como ha solicitado el Grupo VOX, para evitar la creación de listas negras de funcionarios “retrotrayéndonos al pasado, a otras listas que desgraciadamente existieron”, como ha subrayado Fernández, “vulnerando dicha petición de información los derechos de los trabajadores, la Constitución Española y la normativa sobre protección de datos”.
Según la propuesta, no se trata de una petición de información parlamentaria, sino de “señalar con el dedo, con nombres y apellidos, a cientos de funcionarios y trabajadores públicos, por el mero hecho de cumplir con su trabajo”. Una actitud que el portavoz del equipo de gobierno ha definido como “propia de fuerzas políticas extremas, nacionalistas, excluyentes y claramente xenófobas”.
La tercera y última moción del grupo socialista insta al Gobierno Andaluz a respetar la Oferta de Empleo Público en educación programada por el anterior gobierno socialista y a no disminuir la inversión pública en educación, una vez que “hemos conocido apenas hace unos días que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y CS con el apoyo de VOX, han anunciado su intención de disminuir en mil plazas la convocatoria de empleo público en educación, convocándose sólo 3.430 plazas, lo que supone un total de menos de mil que las propuestas por el anterior gobierno”, como ha señalado el portavoz del equipo de gobierno.
Fernández ha incidido en la situación que miles de opositores de toda Andalucía se han encontrado “debido al jarro de agua fría de un gobierno de derechas que ha decidido recortar en un pilar básico de la sociedad del bienestar como es la educación”. Para el portavoz del equipo de gobierno, “estamos ante la clara apuesta del Partido Popular tanto por la sanidad como por la educación privada, y este es un claro ejemplo para favorecer la educación privada: disminuyendo la calidad de la pública, y no hay mejor manera de hacerlo que disminuyendo el número de docentes”.
Esta iniciativa socialista se erige en la postura de un partido “donde siempre hemos defendido una educación pública de primer nivel en nuestra comunidad, frente a las comunidades autónomas donde ha gobernado o gobierna el PP, en las que se ha favorecido de manera clara la educación privada, religiosa y excluyente por sexos, en detrimento de la pública, lo que supone atacar los derechos de la población que tiene menor nivel de ingresos”, como ha recordado Fernández.
