Condena de 5 años en la primera sentencia por trata en Huelva

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tras celebrar el correspondiente juicio oral el pasado día 15 de febrero, ha dictado la primera sentencia en Huelva por la comisión de un delito de trata de seres humanos, condenando al ciudadano de nacionalidad nigeriana B.A. como autor de dicho delito a una pena de 5 años de prisión.

Además ha sido condenado, como autor de un delito de explotación sexual en su modalidad de prostitución coactiva, a la pena de 2 años de prisión, imponiéndole además la pena de prohibición de comunicación y alejamiento respecto de la víctima y una indemnización a la misma de 25.000 euros por los perjuicios económicos y otra de 12.000 euros por los perjuicios morales.

El relato de hechos probados de la sentencia establece que la víctima, de nacionalidad nigeriana, fue captada en su país de origen, siéndole practicado el ritual conocido como vudú y trasladada a España tras pasar por países como Libia e Italia haciendo uso de documentación falsa y quedando sometida al acusado, quien le impuso de forma coactiva la obligación de ejercer la prostitución en la ciudad de Huelva para pagarle la cantidad de 30.000 euros como “precio de rescate”, siendo la víctima objeto de amenazas sobre su familia.

El caso se inició como consecuencia de una llamada ciudadana al Teléfono Contra la Trata (900 10 50 90) y fue objeto de una exhaustiva y eficaz investigación por la UCRIF (Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, quien además ejerció desde el primer momento labores de tutela y protección de la víctima quien fue acompañada durante todo el proceso por personal especializado de una ONG.

La investigación judicial estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Huelva. Es la primera sentencia dictada en Huelva en materia de trata de seres humanos y por la Fiscalía Provincial de Huelva se valora como una manifestación exitosa de la creciente presión institucional ejercida por todos los poderes públicos y colectivos implicados contra esta forma degradante de criminalidad cuya consagración expresa en nuestro Código Penal data del año 2010.

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