La Plataforma Salvemos Doñana ha dado a conocer este martes en rueda de prensa las sugerencias remitidas para su inclusión en el Informe de la Misión que visitó Doñana en septiembre de 2018, cuya versión definitiva va a ser votada en el Parlamento Europeo para su aprobación en estos días. Participan Gracia Martín, de Ecologistas en Acción, Diego Rodríguez Toribio de CGT, Mari García de Podemos y Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida. Se excusa la imprevista ausencia de Isabel Brito de Equo y del Portavoz de la Plataforma, Juan Romero.

Hace un mes fue conocido el borrador del Informe de la Misión, en el que entre las recomendaciones al Estado, respecto al almacenamiento de gas natural bajo el acuífero, se encuentra que «debe hacerse una evaluación conjunta del proyecto Marismas como un todo sin subdividir, así como un análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos en conjunto, y especialmente incluir un informe de riesgos sísmicos actualizado». Para la Plataforma, esto no es más que un reflejo de que las personas integrantes de esta delegación realmente detectaron un claro incumplimiento de al menos dos Directivas relativas a evaluación ambiental de proyectos, de la normativa europea.

Salvemos Doñana ha sugerido añadir en el Informe que también se exija un estudio con la valoración económica tanto de las pérdidas como del coste de la devolución a un estado similar al actual en Doñana en caso de cumplirse las amenazas previstas en los informes científicos, para que sea posible establecer un procedimiento realista de actuación con garantías de seguridad y legalidad en ese terrible supuesto.

En palabras de Gracia Martín, Vicepresidenta de Ecologistas en Acción-Huelva, «si se contamina el acuífero, hay inundación, o peor, un terremoto, ¿cuál es el coste de la pérdida del sinfín de empresas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la hostelería y restauración, pesca, turismo, etc, el coste social de la pérdida del lugar religioso de peregrinación universal de El Rocío, el coste ambiental de perder los ecosistemas, flora y fauna del espacio más protegido y Patrimonio de la Humanidad? y lo que es peor aún, es una evidencia que no habría posibilidad de devolver Doñana a lo que es hoy».

El Informe europeo recomendaba un mayor trabajo conjunto del Gobierno andaluz y el Gobierno central para lograr la aplicación del Principio de Precaución frente a la falta de garantías del proyecto. La sugerencia al respecto, de Salvemos Doñana es primar la gobernanza para asegurar la eficacia del procedimiento. En este sentido, la Plataforma fue puesta al corriente por el Director del Gabinete de la Presidencia, según informa Diego Rodríguez Toribio de CGT, de que ambos Gobiernos tenían establecidas las bases para el entendimiento de cara a la necesaria cancelación del proyecto Marismas de Naturgy en Doñana. Para ello habían creado un grupo de trabajo de análisis técnico y jurídico. «Nos informó -añade- de que el Gobierno no considera necesario por razones de política energética y de transición a una economía descarbonizada, acometer nuevas inversiones en materia de gas».

La conservación de este espacio protegido en todos los aspectos exige una paralización cautelar de la actividad industrial gasísitca en tanto se resuelve esta situación tendente a la clausura, como asevera Antonio Maíllo, Coordinador de Izquierda Unida, para no incrementar los riesgos y minimizar el coste del cierre. Seguidamente, Mari García, responsable del área de agricultura y medio ambiente en Podemos, constata que «aunque el gasto por el pago de las expropiaciones a propietarios agricultores de terrenos ocupados por las infraestructuras gasistas será simbólico en relación a su valor real, por desgracia, la empresa no escatimará en exigir una indeminación por daños patrimoniales a las Administraciones, como ya ocurrió en el cierre de El Castor en Castellón».

Como colofón, Antonio Maíllo, informa de que la Plataforma ha sugerido añadir al Informe la recomendación del Parlamento Europeo de cancelar el proyecto Marismas en Doñana: «ya que la Misión establece que no hay suficientes garantías sobre la ausencia de riesgo de los almacenes de gas bajo Doñana para que prevalezca el Principio de Precación que recomiendan aplicar, es imprescindible que el proyecto sea retirado y cancelado definitivamente».