El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha entregado este viernes a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el Informe Anual de la institución de 2018. El Defensor del Pueblo andaluz gestionó el pasado año 10.915 quejas, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores, y 13.117 consultas.

Estos datos son inéditos en la historia de la Institución y suponen un incremento de un 11,2% en cuanto a quejas tramitadas y de un 26,3% en consultas con respecto a 2017, lo que sumado a las 729 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrece un balance total de 24.761 actuaciones en defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía. En total, fueron  22.001 personas las que requirieron en 2018 la intervención de este comisionado parlamentario.

BALANCE

En cuanto al balance de sus actuaciones, cumplidos los cinco años de vigencia del mandato, Jesús Maeztu ha mencionado el impacto de la crisis económica durante este periodo que, pese a los síntomas de recuperación una década más tarde, sigue siendo muy dura para muchos andaluces y andaluzas.

“Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas; recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil… Ellos no se han recuperado”, ha señalado Jesús Maeztu.

No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la reacción que ha producido en la sociedad, con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos. “Ahora somos más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles. Ya no se toleran pasos atrás en los derechos conquistados”, ha señalado.

La experiencia de este ciclo económico ha motivado al Defensor del Pueblo andaluz a adjuntar en este balance un Decálogo de principios irrenunciables para la Defensoría, entre los que se comprenden:

–        una educación de calidad, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades;

–        una sanidad que permita vivir saludablemente;

–        renta básica, techo digno, y acceso a luz y agua garantizados;

–        respuestas judiciales y administrativas sin dilaciones indebidas;

–        la defensa de las personas mayores y de la infancia;

–        la atención a las personas con discapacidad;

–        la igualdad de hombre y mujer;

–        la igualdad de las personas con independencia del lugar de nacimiento;

–        el respeto a la sostenibilidad y al patrimonio;

–        y la participación, la  transparencia, la cercanía y la mediación de conflictos.

En cuanto al balance de la Institución, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado dos apuestas de su mandato.

Una, las visitas a comarcas andaluzas iniciadas en 2015 para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la población residente en pueblos pequeños y medianos y en otras zonas rurales con problemas específicos preocupantes. Se han realizado 20 visitas, de ellas, seis el pasado año, a las que han acudido más de 400 personas presencialmente y se han mantenido reuniones con más de 300 profesionales de los servicios sociales comunitarios.

La segunda, el Servicio de Mediación profesional y especializado ofrecido por la Institución para resolver los problemas de la ciudadanía a través de una fórmula novedosa y pionera en el conjunto de los Defensores del país, y que el pasado año ha obtenido respaldo jurídico en el Parlamento en un primer paso a nivel reglamentario. Este servicio gestionó el pasado año 154 quejas, por encima de las 100 previstas y un 170% más que en 2017, cuando fueron 57.

A este trabajo, el Defensor ha añadido la elaboración de hasta ocho Informes Especiales desde 2013, el último, el elaborado el pasado año con el título ‘Los Equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia’. Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha reseñado la apuesta de la Institución por incorporar el lenguaje claro, conocido como lenguaje ciudadano, en la relación cotidiana con la ciudadanía.

ANÁLISIS POR MATERIAS

En cuanto a las materias abordadas en el Informe Anual 2018, en Educación, las familias y los alumnos aspiran a acceder a centros escolares modernos, con infraestructuras adecuadas, dotados de los recursos personales y materiales necesarios, libres de acoso, donde se encuentren incorporadas las tecnologías de la información y la comunicación y donde se impulse el conocimiento de lenguas extranjeras. También se exige una educación inclusiva y no segregadora para el alumnado afectado por algún tipo de discapacidad, a la par que se demanda recursos, becas y ayudas al estudio para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorables.

Y para quienes optan por las enseñanzas de formación profesional lo que se solicita por la ciudadanía es una oferta amplia y variada de titulaciones, con un acercamiento al tejido productivo y al mercado de trabajo, haciendo posible y viable la conexión entre los centros de enseñanza y la actividad laboral.

El Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo andaluz subraya que ha disminuido la conflictividad surgida por el decreto que afectó a la educación infantil, aunque continúa la tendencia de reclamaciones en educación especial. Si en el pasado el motivo de reclamación giraba en torno a la ausencia de profesionales en los colegios e institutos, en estos momentos el conflicto surge porque aquellos no prestan sus servicios durante toda la jornada escolar, debiendo desempeñar sus cometidos en varios centros. Se produce una inclusión a medias.

También recoge el Informe Anual los problemas que han llegado a la Oficina sobre la gestión del servicio de comedor escolar (calidad de los menú, incidencias por el no uso del mismo durante algunos días, oferta de plazas inferior a la demanda, solicitud de gestión del servicio por las AMPA, entre otras reclamaciones).

En Salud, el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo anota que se mantiene una diferencia sustancial entre los niveles asistenciales de primaria y especializada, muchas más numerosas las quejas en los segundos. El protagonismo recae de nuevo en la reclamación vinculada a los tiempos de respuesta asistencial, que en sus distintas vertientes (primeras consultas de especialidades, otras consultas, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas de todo tipo) se sitúan en un porcentaje del montante total de queja recibidas en salud que no suele bajar del 25%, siendo el ejercicio de 2018 fiel reflejo de esta tendencia.

Destaca además las conclusiones del Informe Especial sobre derechos de las personas en el proceso de muerte presentado en 2017 y que se ha traducido durante el pasado año en un incremento de cuestiones relacionadas con este tema.

Sobre Dependencia y Servicios Sociales, los puntos de discordia se concentran en las vulneraciones del plazo para resolver el procedimiento administrativo, es decir, para reconocer la situación de dependencia y para la efectividad del derecho mediante la asignación de una prestación del Sistema o de un servicio del Catálogo. Estas demoras suponen una superación del plazo legal máximo por encima de lo razonable, tanto en las actuaciones dirigidas al reconocimiento o revisión de grado, como en las que comporta la asignación de recurso. Resulta mayor el conflicto cuando se trata del acceso a servicios, particularmente, a la ubicación del Centro residencial para las personas mayores y a la insuficiencia de residencias destinadas a personas dependientes con específicos perfiles de discapacidad.

Sobre los Servicios Sociales, especialmente los comunitarios, el Informe Anual 2018 reúne las críticas sobre deficiencias de personal, sobrecargados por el aumento de la población destinataria de su intervención, así como un incremento de funciones y demandas ciudadanas a las que dar respuesta, que no parece nacer acompañada de la suficiencia de medios. Para el Defensor, esta situación requiere de un análisis inmediato y de un abordaje exhaustivo y riguroso.

Pero sin duda el año 2018 ha estado marcado para el Defensor del Pueblo andaluz por la consecución de un logro social largamente esperado, el reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, como derecho de naturaleza jurídica subjetiva. Sin embargo, en el Informe Anual 2018 se denuncian los retrasos en el acceso a este reconocimiento, de ocho meses de media, en lugar de los dos meses preceptuados para que la resolución sea dictada y notificada.

Sobre Vivienda, el Defensor del Pueblo andaluz vuelve a exponer que un gran número de hogares no puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, un fenómeno agravado por las aún elevadas tasas de desempleo, la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el alza de los precios del alquiler.

Mientras los registros públicos municipales de demandantes de viviendas protegidas siguen sin hacer efectivo el derecho a la vivienda, aumentan las quejas por desahucios, con ligeros cambios: si hace unos años el principal motivo del lanzamiento de vivienda eran las ejecuciones hipotecarias, actualmente lo es el impago de las rentas del alquiler. Además, una medida que podría evitar los desahucios como la ayuda al alquiler convocada por la Junta de Andalucía, evidencia un año más fallos en su gestión, lo que ha sido de nuevo foco de las quejas de la ciudadanía, ha expuesto Jesús Maeztu.

En cuanto a Infancia, Adolescencia y Juventud, el Defensor del Pueblo andaluz se ha centrado en la situación de los menores de edad migrantes que llegan a las costas andaluzas sin referentes familiares, que ha llevado al Defensor durante el pasado año a distintas actuaciones. Entre ellas, promovió que el resto de los defensores autonómicos y al Defensor del Pueblo del Estado se dirigieran a sus Ejecutivos para hacerles partícipes de la urgencia de un reparto solidario, ordenado y equitativo de menores extranjeros no acompañados, para que la presión asistencial no recayera exclusivamente en aquellos territorios que son puerta de entrada, como Andalucía, o destino prioritario de los menores, como acontece con Cataluña o País Vasco.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo andaluz promovió un grupo de trabajo junto a representantes de las Fiscalías de Menores y Extranjería, de las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, de Justicia e Interior, del Sistema sanitario público y del Instituto de Medicina Legal para elaborar un protocolo a nivel andaluz que mejore los procesos actuales de determinación de la edad y que recoja las medidas de coordinación entre las diferentes administraciones e instituciones con competencia en la materia.

El Defensor del Pueblo andaluz ha avanzado que su Institución organizará el próximo mes de octubre las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, cuyo tema central será la atención y acogida de los menores inmigrantes no acompañados (Menas).

Como novedad, la Defensoría del Pueblo andaluz ha incorporado en este Informe Anual un capítulo específico sobre Personas Migrantes, en el que relata las actuaciones no solo sobre las dificultades que encuentran los inmigrantes para alcanzar su residencia legal, que son atendidas a diario en la Oficina, sino otras investigaciones como las elaboradas sobre la situación de las familias de trabajadores temporeros de otros países, entre ellas, las medidas de protección adoptadas para la integridad de derechos de las temporeras agrícolas en Huelva; o la actuación llevada a cabo con los tres bomberos, voluntarios de la entidad Proem-Aid acusados por las autoridades griegas de tráfico de personas mientras prestaban su apoyo a personas en grave riesgo en el mar.

En Justicia, y al igual que en años anteriores, el Defensor del Pueblo andaluz ha descrito la situación de colapso en numerosos órganos judiciales, un escenario que se agravó por la avalancha de pleitos provocada por la sentencia sobre las cláusulas-suelo.

Asimismo, el Informe Anual 2018 destaca en materia de Prisiones las quejas de oficio abiertas sobre los problemas de la población reclusa sorda; el futuro convenio para organizar el servios de asistencia jurídica-penitenciaria; las medidas para el fomento del ejercicio de voto para los reclusos o para conocer los criterios para la presencia y acceso de menores en las visitas a los internos, así como otras peticiones de internos, entre las que se podría resaltar la queja de un recluso sobre las dificultades para gestionar la fe de vida que le exige la entidad financiera para cobrar su pensión.

En Igualdad, han sido significativas las quejas que se han tramitado que afectaban al principio constitucional de igualdad de trato entre hombres y mujeres para el acceso al empleo público y al desarrollo de las condiciones de trabajo que presentaban como denominador común la discriminación que consideraban que estaban padeciendo las mujeres promotoras de las mismas a consecuencia de su situación de maternidad.

En materia de violencia de género, el Informe Anual recopila las conclusiones de las XXXIII Jornadas de Coordinación de las defensorías del pueblo de nuestro país, que bajo el título Atención a las mujeres y a menores víctimas de violencia de género, se celebraron los días 23 y 24 de octubre de 2018, en la sede del Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana.

En Empleo Público, además de las actuaciones dirigidas a la igualdad de la mujer en el empleo público, destacan aquellas destinadas a la igualdad de  derechos de las personas con discapacidad y a la falta de conocimiento y sensibilización que todavía perdura en el sector público respecto de estas situaciones de discriminación que no deberían producirse. En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz organizó el pasado diciembre la jornada La inclusión de las personas con discapacidad como personal docente e investigador en las universidades andaluzas. Del derecho a los hechos.

En Sostenibilidad, Medio Ambiente y Obras Públicas, el Informe Anual 2018 recoge las actuaciones en protección de espacios naturales, como en el caso de Doñana. El Defensor del Pueblo Andaluz compareció el 21 de marzo de 2018 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, solicitando la suspensión definitiva del gaseoducto de Doñana. También en el marco de esta actuación se recibió la visita de una delegación de varios eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que mantuvo una entrevista con esta Defensoría el 19 de septiembre de 2018, tras haber visitado Doñana y haberse reunido con autoridades de la Junta de Andalucía. La pasada semana conocimos el dictamen de la Comisión de Peticiones, que cita en diversas ocasiones la información proporcionada por el Defensor del Pueblo andaluz.

En Servicios de Interés General y Consumo, destacan algunos avances en la garantía de suministros básicos tanto de luz como de agua. Se ha hecho un esfuerzo para regular una serie de medidas que pretenden adecuar el pago de recibos a la capacidad económica de personas y familias, así como evitar los cortes de suministros por incapacidad de pago. A esta finalidad responden el bono social eléctrico y la apuesta por una Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética. En nuestro ámbito territorial debemos elogiar la incorporación del derecho humano al agua en la Ley de Aguas de Andalucía.

En Cultura y Deportes,  se han seguido recibiendo numerosas quejas que se caracterizan porque nacen desde el interés ciudadano y sus asociaciones, procurando las respuestas de las administraciones para desplegar las acciones de control, defensa y protección del patrimonio histórico y cultural, con el que se sienten especialmente vinculados.

De igual modo, se han recibido quejas sobre diversas cuestiones de Administración Tributaria, como las referidas a las modificaciones jurisprudenciales sobre el llamado impuesto de plusvalía (IIVTNU). También sobre Urbanismo, Movilidad y Accesibilidad se han abordado cuestiones de planeamiento urbanístico, licencia de obras, disciplina urbanística, deberes en materia de conservación de inmuebles, ordenación del territorio…