La Junta de Andalucía impulsará la regulación de la recogida de setas, cuyo borrador permanece estancado desde 2015, mientras que la Guardia Civil incrementará la vigilancia en las zonas en las que se localizan fincas agroforestales susceptibles de sufrir la invasión de recolectores ilegales de setas, especialmente de gurumelos, en virtud del firme compromiso por la seguridad de las zonas rurales mostrado por la subdelegación del Gobierno de España.

La administración andaluza, representada por su delegada, Bella Verano, y por el delegado de Agricultura, Álvaro Burgos; la subdelegada del Gobierno de España, Manuela Parralo, la Guardia Civil, con su coronel jefe, Ezequiel Romero, a la cabeza, y el teniente coronel Manuel Cayuso y Asaja-Huelva, de cuya parte acudieron su vicepresidente segundo, Antonio Torres, su secretario general, José Luis Marín, el responsable del departamento de Medio Ambiente, Forestal y Caza de la organización agraria, Antonio González y un propietario afectado, Juan Pedro Molina, mantuvieron ayer un encuentro que había sido solicitado por Asaja hace muy pocas fechas y que se desarrolló de forma muy positiva.

Durante la reunión, desde Asaja-Huelva se expusieron los motivos que habían llevado a la organización a solicitar este encuentro, entre los que destacan los casos de ataques violentos que han sufrido algunos propietarios de fincas al interceptar a recolectores ilegales de gurumelos tras allanar estos su propiedad. A los ataques –intentos de atropello, agresiones, amenazas de muerte…- se suman los daños materiales que estos individuos provocan en las infraestructuras de las fincas agroforestales –rotura de cercas y vallas, entre otros-, y los peligros y daños adicionales que causan, como los accidentes de tráfico que se producen como consecuencia de la salida de las fincas de los animales que se crían en ellas.

A esto se suma el riesgo sanitario que puede suponer para la población consumir un producto que no reúne ninguna garantía sanitaria y que en el caso de las setas puede ser fatal. Por otro lado, la recogida ilegal de setas es incompatible con otros aprovechamientos regulados, como la actividad cinegética, y provoca daños medioambientales derivados del absoluto desconocimiento del medio que presentan los ilegales.

Todos estos riesgos desaparecerían con la aprobación del decreto de la Junta de Andalucía que recoge la normativa destinada a regular la recolección y el aprovechamiento de las setas silvestres en nuestra comunidad autónoma, enmarcado en el Plan de Conservación y Uso Sostenible de las Setas y Trufas de Andalucía, que permanece estancado desde 2015 y que la delegada del Gobierno andaluz en Huelva se comprometió a impulsar en el encuentro de ayer. De esta forma,mostró su sensibilidad y apoyo a un sector que puede además convertirse en una importante fuente de riqueza y de puestos de empleo legales y regulados.