La provincia de Huelva habría perdido la creación de unos 4.150 empleos por el retraso de 197 expedientes pendientes de calidad ambiental, según el informe presentado por Agricultura al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El informe presentado por Agricultura al Consejo de Gobierno señala que el colapso en la tramitación ha paralizado inversiones por 6.500 millones en toda Andalucía.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha presentado un informe ante el Consejo de Gobierno en el que se pone de manifiesto que «el colapso administrativo en la tramitación de los 4.367 expedientes de calidad ambiental pendientes ha podido frenar inversiones por un montante de 6.500 millones de euros en Andalucía, incluidos 2.800 millones de euros relativos a energías renovables».
La tramitación de estos expedientes, según el mencionado informe, ha llegado en ocasiones a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos. Esta parálisis también se traduce en la pérdida de unos 92.000 empleos potenciales, que representan más del 11% de la población desempleada en Andalucía. La Consejería considera que, sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo para los andaluces.
La Junta ha acordado modificar la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y, así, aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ello seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, no obstante, mantendrán siempre todos los requisitos de protección al medio ambiente.
Por otro lado, la Consejería va a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resol-ver los expedientes, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales. Esta ampliación se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración.
Expedientes pendientes
El informe elaborado por la Consejería concluye que, en la actualidad, hay 4.367 expedientes pendientes de resolver. De ellos, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental.
En este último ámbito se encuentra, entre otros trámites, la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años. O la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.
Por provincias, Málaga, con 1.207 expedientes pendientes, acapara cerca del 30% del total y casi 25.400 empleos; Sevilla, con 735 expedientes y más de 15.450 empleos, tiene el 16,8%. Le siguen Almería, con 536 trámites pendientes y más de 11.300 puestos de trabajo (12,3%); Jaén, con 490 expedientes y 10.300 empleos (11,2%); Granada, con 405 trámites y casi 8.560 puestos de trabajo (9,3%); Cádiz, con 310 expedientes y rozando los 6.450 empleos (7%); Cór-doba, con 275 trámites y casi 5.800 empleos (6,3%) y Huelva, con 197 expedientes pendientes y cerca de 4.150 puestos de trabajo (4,5%).
Plan específico para chiringuitos
El departamento de la Gestión del Litoral contempla las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, donde se incluyen 648 expedientes de chiringuitos. Estas licencias serán objeto de un Plan Específico dirigido a dar solución a un problema concreto, cuyo procedimiento es tan complejo que impide calcular los tiempos de es-pera para obtenerlas. Se trata de una actividad con gran relevancia para la comunidad autó-noma andaluza desde el punto de vista económico y turístico. El plan garantizará la seguridad jurídica y el respeto de los requisitos medioambientales.
Ejemplos de aplicación
En una primera estimación aplicada al caso de almazaras, por ejemplo, el 80% de éstas vería reducidos los plazos de tramitación al requerírseles sólo una calificación ambiental, en lugar de una autorización ambiental unificada. Esta última calificación sería únicamente para las almazaras que se encuentren ubicadas fuera de un polígono industrial, estén a menos de 500 metros de una zona residencial y ocupen una superficie de más de una hectárea.
Otra muestra de simplificación administrativa que se lograría con la modificación planteada es que alrededor de un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejaría de tramitarse por Autorización Ambiental Unificada para pasar a hacerlo mediante una Calificación Ambiental. En este caso, las instalaciones beneficiadas serían las de pequeño tamaño ubicadas en naves situadas en un polígono industrial.
