Responsables de los ámbitos sanitario, policial y judicial han participado en la tarde de este miércoles en el Hospital Juan Ramón Jiménez en unas jornadas integrales sobre agresiones a personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han tenido como objetivo informar a los profesionales de los recursos, medidas y protocolos existentes en los distintos sectores para hacer frente a esta problemática.
Se trata de la primera vez que se celebra en Huelva un encuentro de este tipo, a cuya inauguración han asistido la delegada territorial del ramo en la Junta, Manuela Caro; el comisario jefe de la Policía Nacional, Adolfo Castaño; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Alfredo Flores, y el juez titular del Juzgado nº 5 de Instrucción, Javier Romero, y que también va encaminado a reforzar la colaboración entre todas las instituciones y actores intervinientes.
De hecho, las jornadas, a las que se quiere dar continuidad en otros puntos de la provincia para llegar al mayor número de profesionales, han surgido en el seno de la comisión provincial de agresiones en el SAS, un órgano promovido por la administración autonómica para el seguimiento y coordinación en este ámbito, en el que también están presentes los interlocutores de la Guardia Civil y Policía Nacional, responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros sanitarios y el 061, así como el servicio jurídico del SAS en Huelva.
Nuevo plan
En su intervención, la delegada de la Junta ha afirmado que “los profesionales sanitarios prestan un servicio indispensable a la ciudadanía y no podemos permitir que ocurran estos sucesos. Por muchas dificultades que tenga un familiar, por mucha angustia y presión que sufra, nunca se puede justificar una agresión”.
Manuela Caro ha comentado que el sistema sanitario público “debe profundizar en el respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los usuarios, pero también, de forma recíproca, debe exigírsele a estos el cumplimiento de sus deberes, como es hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto”.
La delegada ha hecho referencia a las medidas que se están impulsando en este apartado por parte de la Junta, entre las que ha destacado el nuevo plan de prevención y atención al personal afectado, en cuyo diseño está trabajando ahora la Consejería de Salud y Familias junto con los propios profesionales, colegios oficiales, sindicatos, asociaciones de pacientes e interlocutores policiales.
El nuevo plan contempla la puesta en marcha de un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido. En este sentido, se va a promover la habilitación de canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión no esté sola momentos después que se produzca. Así, se ofrecerá apoyo desde el primer momento y se facilitará la realización de las acciones previstas.
Entre otras actuaciones, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria. Otra de las medidas es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.
Una novedad más es la adopción de medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario público andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a realizar exigencias que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Y es que es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión.
La formación a los profesionales cobra especial importancia y tendrá una doble vertiente. Por un lado, se llevarán a cabo talleres y actividades incluidas en los planes de formación de los centros en que los profesionales aprenderán a controlar situaciones conflictivas; por otro, recibirán formación sobre qué hacer cuando se produce una agresión.
Dentro de las líneas del nuevo plan se incluye igualmente un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión y que conlleva la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los servicios jurídicos del SAS.
Delito de atentado
Manuela Caro ha recordado también los avances que se han dado en los últimos tiempos en el plano judicial. Así, la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada ya como delito de atentado por los tribunales de justicia, dictándose sentencias en esta línea que conllevan el castigo a los agresores con penas de uno a tres años de prisión.
Igual de relevante ha sido la creación de las figuras de interlocutor policial y sanitario, “lo que ha supuesto un punto de encuentro de trabajo a nivel provincial para impulsar la prevención de agresiones en el ámbito sanitario”, ha concluido la delegada territorial de la Junta.
