El Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Huelva ha vuelto a dejar sin efecto un expediente disciplinario incoado a un bombero del Consorcio Provincial y delegado sindical del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), según ha informado este sindicato en una nota de prensa.
El expediente administrativo consistía en la incoación y tramitación de dos expedientes disciplinarios al representante sindical del SAB y presidente de la Junta de Personal, Gonzalo Córdoba Gallego, en uno de ellos se dictó resolución de fecha 16-3-2018 dictada por el Presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, por la que se le impuso una sanción de 9 meses de suspensión firme de empleo y sueldo, por la comisión de una falta muy grave tipificada en el articulo 45.2,c) de la Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias de Andalucía, consistente en la desobediencia a las legitimas instrucciones formuladas por los mandos de que dependan y otra sanción de 6 meses de suspensión firme de funciones por la comisión de una falta muy grave tipificada en el articulo 6.1.f), del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado y articulo 95.1.g del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, consistente en el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes a su puesto de trabajo.
El fallo dice textualmente: «Que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Gonzalo Córdoba Gallego, funcionario del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva, contra resolución de fecha 16-3-2018, dictada por el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, por la que se le impuso las dos sanciones disciplinarias, anulándolas, con las consecuencias legales inherentes a ello, sin hacer pronunciamiento alguno en materia de costas procesales».
El presidente de la Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos, Gonzalo Córdoba, ha comentado que “todo esto forma parte de una estrategia orquestada por el presidente del Consorcio, Cristóbal Carrillo, para intimidar a los representantes legítimos de los trabajadores con el único fin de atajar las reivindicaciones laborales”. Señala Córdoba también que “esta estrategia de acoso supone un alto coste económico y personal para el bombero que tiene que defenderse ante los juzgados y costearse personalmente su defensa, mientras que los responsables políticos utilizan el dinero público de todos los ciudadanos para tenernos acosados en el cumplimiento de nuestro trabajo”.
Por su parte, el bombero, de profesión vocacional, comenta, que «desde bien jovencito tenía claro que mi futuro iba ligado a la ayuda al ciudadano, fue un trabajo duro y constante hasta llegar a conseguir el tan deseado puesto, lo que nunca podía imaginar, es que, desde la propia administración a la que pertenezco el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, que se supone que esta para prestar un servicio de calidad y seguridad para todos y todas, fuese la primera en no cumplir estos objetivos».
