El 17 de noviembre de 2015, Pedro Jiménez, como coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva en aquellos momentos, denunció ante la Fiscalía de Huelva las presuntas actividades contaminantes en las que estaba implicada la planta química del Grupo Ercros, que operaba en Huelva. La Fiscalía no respondió a esta denuncia presentada por Izquierda Unida hasta el 25 de octubre de 2018, en la que notificó su archivo, para trasladar esta investigación al Juzgado de Instrucción de Moguer. En estos días, la Guardia Civil ha informado sobre el procedimiento judicial y la investigación que afecta a 21 personas relacionadas con empresas del sector químico de Huelva por irregularidades que podrían haber ocasionado emisiones contaminantes y vertidos en aguas subterráneas.
Ante esto, Pepa Beiras, responsable del Área Andaluza de Medio Ambiente de IU Andalucía, y el propio Pedro Jiménez han manifestado “nuestra satisfacción de que, aunque después de tanto tiempo, se estén investigando estos hechos tan graves y dramáticos que denunciamos hace ya cuatro años y se haya abierto una causa penal por los mismos”, según ha señalado Pepa Beiras.
No obstante, ambos representantes de Izquierda Unida han lamentado que “se haya tardado tanto tiempo” en ponerse en marcha esta investigación. Además, han criticado que las administraciones competentes “sigan mirando hacia otro lado ante estos graves hechos y no intervengan directamente y de oficio para arrojar luz sobre los mismos, como es su obligación”. Por ello, Pedro Jiménez ha anunciado que Izquierda Unida va a reclamar tanto a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como a la Inspección Provincial de Trabajo que pongan en marcha los procedimientos informativos necesarios para que se sepa cuantas personas han podido sufrir daños en su salud por los episodios contaminantes que se están investigando, además de a cuantos trabajadores de las empresas investigadas han podido ser afectados por las emisiones contaminantes producidas.
Además, los representantes de Izquierda Unida han anunciado que “estamos estudiando la posibilidad de personarnos en los procedimientos judiciales que están abiertos por estos episodios contaminantes”, a lo que añaden que “esperamos que dichas investigaciones lleguen hasta el final y se esclarezcan todas las responsabilidades penales que puedan acarrear y se sepa con todo detalle todo lo sucedido”.
En este sentido, Pepa Beiras ha lamentado que las administraciones competentes “sean totalmente pasivas” ante la actividad de las empresas y “no intervengan con medidas preventivas para evitar estas situaciones”, en las que prevalece siempre el derecho del libre mercado al que se acogen las empresas para actuar sin estar vigiladas, por encima de los derechos de las personas a su salud y a no tener que estar sometidas a emisiones contaminantes, como las que la propia Izquierda Unida denunció en 2015.
